E Lexpresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont hizo ayer todos los esfuerzos dialécticos posibles por aparentar que el fallo del Tribunal Europeo de Justicia avalaba su fuga de España, y que respaldaba la ‘sui generis’ interpretación del Derecho que lleva años haciendo Bélgica con su reiterada negativa a ejecutar la euroorden pendiente. Nada más lejos de la realidad. El de ayer no fue ningún triunfo de Puigdemont. Muy al contrario, es la Justicia europea, a la que tanto admira y se acoge el independentismo, la que ha sentenciado que si Puigdemont no ha sido puesto a disposición de la Justicia española es sencillamente porque Bélgica ha hecho caso omiso de los mecanismos vinculantes establecidos para todos los países miembros que le obligaban a entregarlo. Más aún, el Tribunal viene a sostener con su decisión que no conoce motivo alguno para dudar de que los jueces y magistrados en España reúnen los estándares más altos de calidad, independencia y rigor exigibles a cualquier democracia europea.

El éxito de la estrategia judicial del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del ‘procés’, tiene varias consecuencias. La primera es que allana el camino para una próxima entrega de Puigdemont cuando se aclare su falta de inmunidad como eurodiputado, y cuando el propio Llarena determine si lo reclama o no por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados que sustituye a la sedición, y por malversación. La segunda consecuencia es que reafirma que la resistencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo frente al acoso del separatismo era legítima y estaba plenamente justificada. Y la tercera es que, con esta doctrina ya fijada, Europa niega a todo país miembro determinar libremente, y a capricho, el alcance de la obligación de ejecutar una orden de detención. Este último punto es determinante porque invita a concluir que negarse a ejecutar una euroorden debe ser algo muy excepcional y justificado, y que Bélgica no es nadie para proteger a delincuentes reclamados mientras no pueda demostrar que en España «hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten a su sistema judicial». Y como nadie, ni Puigdemont ni ningún otro procesado, puede demostrar semejante acusación, es Bélgica quien ha quedado en la picota.

El trastorno causado a nuestra Justicia es grande en cualquier caso porque la campaña de desprestigio del Tribunal Supremo en media Europa ha sido desmesurada. Y lo peor es que además encontró receptores que han divulgado con éxito el discurso de que España es un país sin garantías procesales y un régimen represor que impide votar en las urnas con libertad. En el desmontaje de esa falacia radica el éxito de España porque todo ese relato ha fracasado. Es un triunfo de país sobre la manipulación proactiva del separatismo, y sobre los excesos jurídicos cometidos por la justicia belga por motivaciones políticas y de empatía con la causa de los líderes fugados.

Lo que en realidad se dirimía a petición de Pablo Llarena, a quien el Gobierno no ha acompañado en su batalla europea como merecía su función jurisdiccional, no era una cuestión de pretendidos derechos. Lo que estaba en juego era el prestigio, la profesionalidad, la calidad democrática y la firmeza de nuestras instituciones a la hora de enfrentarse a un desafío que quiso romper la unidad nacional por la vía de los hechos consumados. A partir de esa premisa, Puigdemont es libre de hacer cualquier interpretación del fallo europeo. Pero sostener, como hizo su abogado, que fue «un buen día» no es más que engañarse a sí mismo.