ALGÚN motivo lógico tendrá, pero es difícil averiguarlo, al menos de forma comprensible. Sí. Puede entenderse el empecinamiento político, la obstinación por que una ley sea solo lo que una ministra, pongamos de Igualdad, quiere que sea sin atender a más criterio que su ilusión óptica del feminismo. Pueden comprenderse su obsesión por dar un vuelco a la tradición penal, y su presunción de que el hombre es culpable por el mero hecho de ser hombre, o que el abuso y la agresión sexual están hasta en la mirada o en lo más recóndito de un cerebro, porque eso responde a un machismo averiado de fábrica. Puede engañarse con que el consentimiento de la mujer es al fin un bien protegido por su ley, como si antes, en una decena de códigos penales, nunca lo hubiese sido.

Puede creer que ella ha descubierto una idea procesal novedosa porque hasta hoy no sabíamos que su clarividencia era imprescindible para iluminarnos. Puede engañarse lo que quiera, vestir su soberbia con ropajes pseudojurídicos para implantar su realidad paralela, y puede fingir ser una ‘Pasionaria 3.0’. Puede creer ser una innovadora, una ‘constructivista’ de la norma, que los jueces nacen ya machistas, y que entremezclar el abuso y la agresión elevando o rebajando las penas a capricho no es mera quincalla leguleya o chatarra legislativa. Puede sostener que excarcelar a una treintena de violadores no es una negligencia, ni un error de cálculo, ni un acto de arrogancia y suficiencia.

Puede pensar que se debe a una delirante democracia real, que ha liberado a la mujer de ataduras milenarias de inferioridad, e incluso que su mesa camilla ministerial es una comisión de codificación con patente de corso para lograr la auténtica liberación. Puede exigir a los periodistas que no informen sobre violadores excarcelados, y puede henchirse de soflamas para que los jueces interpreten la ley conforme a su confusa entelequia. Y puede reclamar mordaza, silencio y sumisión. Pero nada de eso cambiará la realidad de una ley pensada para castigar más a los abusadores y agresores que en realidad los premia.

Irene Montero es esa mezcla de orgullo e ínfulas de quien siempre cree tener razón, esa visionaria capaz de ver más allá que nadie. Si Pedro Sánchez corrige ahora la ley, 350 abusadores tarde y cuatro meses después de expresar su «orgullo» por una norma que iba a ser modélica en Europa, solo es atribuible a que las encuestas lo están matando y a ese divertimento de quemar a Montero sin destituirla, cambiándosela de una mano a otra como a una muñeca rota. Sánchez juega con ventaja porque Podemos no romperá la coalición, y si la rompe..., mejor para el PSOE. Su sobrevenida rectificación tiene lógica porque solo actúa por alarma electoral y pánico social. La pregunta sin respuesta es por qué Montero insiste en su ley contra la evidencia de que tanto desguace penológico es solo eso, una escombrera. Solo cabría una respuesta razonable por inverosímil que parezca: Pablo Iglesias maneja dar por amortizado el Gobierno y dinamitarlo en cualquier momento con mohínes de despecho. También hacia Yolanda Díaz, muñidora en la sombra de cada desgracia de Irene. La otra explicación plausible sería que Montero está gustosa con tanto abusador beneficiado, pero ni siquiera a ella cabe atribuir tanta indecencia. Se achantará. Al tiempo.