No ha dejado Llarena de atender en los últimos años, y pese a las dificultades externas e internas que han obstaculizado su trabajo en el Supremo, su obligación de servidor público. Ha estado solo en su batalla jurídica –impecable en la forma, planteada desde la precaución y la previsión– contra Carles Puigdemont. No se amedrentó ante una Justicia belga que quiso convertir en papel mojado su euroorden contra el expresidente catalán, y tampoco desistió cuando el Gobierno lo dejó a solas y desamparado frente a quien atentó contra los principios constitucionales. Tras la sentencia del Tribunal de la UE, Llarena prepara ya una nueva euroorden para tratar de cerrar un expediente marcado por su tesón y por el apego a unas leyes modificadas sobre la marcha.