El objetivo principal enunciado por Carles Puigdemont para defender su huida de España en 2017 fue, y sigue siendo, la de tener un juicio justo en Europa. Porque en España –en su opinión– los independentistas son perseguidos por sus ideas. Al margen quedan, claro, entre otros casos, que los nacionalistas –con sus ideas– gobiernan la Generalitat desde 1980 y deciden los presupuestos del Gobierno de España desde los años noventa. O que 45 agentes de la Policía Nacional están siendo procesados por su actuación el 1-O.

El mantra de la persecución política se repite, una y otra vez, desde los púlpitos y las tribunas de los que siguen empeñados en darse de bruces –en realidad, animan a que los valientes sean otros– contra el Estado de derecho. Sin embargo, la realidad es que el independentismo unilateral y al margen de las leyes, tampoco consigue sus objetivos en la Unión Europea. Las derrotas se acumulan en su mochila.

Es cierto que Bélgica es sinónimo de victoria para Puigdemont y sus seguidores –un nuevo mito en el imaginario ‘procesista’–, pero Italia está a la espera y lo de Alemania –países que detuvieron al expresidente autonómico– se quedó en empate.

Así, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ayer, diera un tirón de orejas a los jueces belgas por no cumplir con la entrega de Lluís Puig, tras una orden de detención europea firmada por el Tribunal Supremo, no es más que una nueva decepción para el objetivo del nacionalismo: que Europa enmiende por completo el proceso judicial visto en España.

A finales del año pasado, el TJUE desestimó definitivamente –tras hacerlo previamente por primera vez– el recurso de Oriol Junqueras contra la decisión del Europarlamento de dejar vacío su escaño en la cámara tras las elecciones de 2019. Fue el Supremo quien anuló su acta de eurodiputado. Y Europa avaló a España.

En mayo de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), no vio vulneración alguna de ningún derecho en la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlamento de Cataluña del 9 de octubre de 2017, convocado para proclamar la secesión –que acabó por producirse un día después, la primera, y el 27 de octubre, la segunda declaración unilateral–.

Fueron Carme Forcadell y 75 diputados de Junts pel Sí y la CUP los que dijeron que solo en Europa tendrían un juicio justo. Lo tuvieron. Europa avaló a España con argumentos como que era una «necesidad social imperiosa», necesaria en «una sociedad democrática», suspender el pleno para «preservar el orden constitucional».

Un mes después, la que había sido presidenta de la Cámara catalana se llevó otro rapapolvo. El TEDH rechazó –por una cuestión de forma, al no haber agotado las instancias judiciales en España– su demanda contra la decisión del Supremo de enviarla a prisión provisional mientras duraba la instrucción del juicio del ‘procés’.

Antes, en el otoño de 2018, el TEDH respaldó a los tribunales españoles en otro caso vinculado al ‘procés’. Estrasburgo rechazó indemnizar a Montserrat Aumatell, que formó parte de la Sindicatura Electoral del 1-O, cuyos miembros dimitieron ‘ipso facto’ tras ser advertidos por el Constitucional de una multa diaria de 6.000 euros.

La lista de sentencias, a la que se suma la conocida este martes, la completa una más del TEDH de septiembre de 2021. Después del archivo de dos denuncias –en la Audiencia de Barcelona– por la actuación policial el 1-O, el TEDH consideró que las acusaciones eran «infundadas» y que su archivo no vulneró derechos fundamentales.