Delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Cinco activistas presentaron ayer en Barcelona una querella contra el agente de la Policía Nacional infiltrado en el movimiento sindical independentista entre mayo de 2020 y octubre de 2022. Lo acusan de haber entablado «relaciones sexoafectivas» con ellas para obtener información y «apuntalar así su identidad encubierta».

Con el respaldo legal de CGT e Irídia, las cinco mujeres argumentan que el consentimiento en este caso «se puede considerar viciado», en tanto que nunca hubiesen mantenido relaciones sexuales con el funcionario de haber sabido que era policía. Por ello, en la querella sostienen que la conducta del agente «no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que traspasa los límites éticos, atentando contra la autonomía sexual» de las activistas. Además, el sindicato y la entidad sostienen que la infiltración de agentes «solo tiene justificación legal cuando se proyecta a la investigación de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Este caso quedaría fuera de este supuesto, ya que el objetivo era monitorizar movimientos sociales, y/o desestructurarlos, lo que supone una grave vulneración de derechos civiles».

También acusan al funcionario de un posible delito de torturas, y subsidiariamente, contra la integridad moral. En la misma línea, apuntan a una posible revelación de secretos, en cuanto el infiltrado obtuvo datos sobre la afiliación sindical, religión, sexualidad y creencias de las querellantes. Por último, la queja apunta al impedimento de ejercicio de derechos cívicos, por vulnerar el de asociación y reunión. Cabe recordar que la ley contempla que «las actuaciones de investigación puedan afectar a derechos fundamentales», y para ello los agentes encubiertos deben tener autorización judicial. Por este motivo, la querella se dirige también contra el superior jerárquico del funcionario, para que «garantice el rendimiento de cuentas» y contra el Ministerio del Interior, como responsable civil subsidiario.

El caso lo destapó el lunes el semanario ‘La Directa’, que recoge como el funcionario se integró en círculos de activistas del barrio de Sant de Andreu de Barcelona y habría mantenido relaciones con, al menos, ocho de sus integrantes. La publicación ha propiciado que el nombre real y la imagen del agente se hayan difundido en redes. Fue en julio de 2020, según el digital, cuando el funcionario se presentó primero en La Cinétika, un espacio ocupado y gestionado por activistas y, poco a poco, comenzó a integrarse en su círculo, hasta participar en movilizaciones para tratar de impedir desahucios, o incluso en algunos de los cortes de la Meridiana.

Fuentes policiales explicaron a este diario que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan para recabar información de todas aquellas organizaciones que puedan subvertir, no solo el orden constitucional, sino también el orden público. Reiteraron así que los grupos de información se infiltran, no solo en círculos afines al movimiento independentista, sino en grupos anarquistas, de extrema derecha, o cualquier otro entorno. «El Estado debe tener capacidad de reacción», concluyeron.

Con fines de investigación, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez puede autorizar el uso de una identidad falsa a funcionarios de la Policía Judicial. Así, quedan legitimados para actuar de forma encubierta en lo relativo a la investigación. Pese a ello, Irídia y la CGT critican que dichas actuaciones «están envueltas de una total opacidad, que dificulta su fiscalización pública». Sostienen que la «ambigüedad» del marco legal «expone a la ciudadanía a ser víctimas potenciales de actuaciones de espionaje estatal arbitrarias o abusivas».

Queja de la Generalitat

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, envió ayer una carta al ministro Grande-Marlaska en la que le reprocha «operaciones con finalidades políticas que buscan perseguir y criminalizar a determinados idearios». Según Elena, «es urgente aclarar» quién dio la orden de infiltración, si existe o no orden judicial, con qué finalidad se ordenó y qué tipo de información se obtuvo.