La difusión en redes sociales de los movimientos antisistema catalanes de la fotografía de un policía nacional que penetró en sus organizaciones más radicales, acompañada del lema «que rule su cara, madero infiltrado», no solo es la mejor demostración de que es imprescindible que los servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad controlen esos colectivos, sino también de hasta dónde son capaces de llegar para intentar mantener la impunidad. Poner en la diana al agente, con el señuelo aún más repulsivo de una supuesta y delirante «agresión sexual» que derivaría de unas relaciones en todo caso consentidas, recuerda a los no tan lejanos métodos proetarras, de aquellos que señalaban para que otros ejecutasen.

El Gobierno, y de forma muy especial el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no puede demorar su rechazo a estas prácticas y volver a mostrar su reconocimiento y respaldo sin fisuras no solo al afectado, sino al conjunto del trabajo que hace la Policía en este asunto tan sensible. La Comisaría General de Información tiene la obligación de saber qué se mueve en las tramas radicales que quieren acabar con el Estado. Su defensa está muy por encima de apoyos políticos coyunturales.