«Es preferible asumir el revuelo que continuar así». Este es el planteamiento de la Dirección General de la Guardia Civil, cuya titular, María Gámez, decidió relevar la semana pasada al coronel jefe de la Comandancia de Melilla, Jesús Vicente Torresano Muñoz, nombrado solo dos meses antes. La decisión no tiene precedentes. Según las fuentes consultadas por ABC, ya desde las primeras semanas sus mandos inmediatos, el teniente general jefe del Mando de Operaciones y el también teniente general al mando de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, se dieron cuenta de que el nombramiento había sido un error, no porque se trate de un profesional poco preparado, al contrario, sino porque su perfil no era el adecuado. «No reúne las condiciones profesionales y personales para ese puesto», señalaron.

Asociaciones del Instituto Armado atribuyen la medida a una decisión del Ministerio del Interior por haber salido en defensa de los guardias civiles que lanzaron piedras contra los subsaharianos en los sucesos de la valla. Sobres estos hechos la fiscal de Sala de Extranjería indicó que debían ser objeto de investigación interna por si habían incurrido en una infracción disciplinaria tras descartar cualquier responsabilidad penal en la actuación.

El coronel Torresano fue nombrado el 18 de noviembre como jefe de Melilla, pero no se incorporó hasta finales de diciembre, por lo que apenas ha ejercido dos meses el mando efectivo. La ciudad autónoma era la tercera opción que había solicitado tras su ascenso; las dos primeras eran plazas en la Jefatura de Educación, adonde ahora ha ido destinado. Desde el primer momento, sin apenas darse margen para conocer a fondo su unidad, Melilla o las características del puesto comenzó a tomar decisiones controvertidas en opinión de sus mandos. La gota que colmó el vaso se produjo cuando la fiscal instó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil a que abriese la citada investigación interna, que aún está en curso. Solo cuando se termine este trámite se decidirá abrir expediente o no a los guardias civiles implicados, algo que por otra parte no dependía del coronel Torresano.

A raíz de la apertura de esta investigación interna, siempre según las mismas fuentes, el coronel se mostró partidario de denunciar a la fiscal por prevaricación, algo a lo que se negaron sus jefes y que habría provocado un choque institucional de consecuencias imprevisibles. Además, propuso emprender acciones contra los subsaharianos que participaron en el asalto masivo. Quienes le conocen aseguran que no tiene un perfil político ni lo es la decisión. Sus jefes creyeron inasumible que siguiera en ese puesto.