La Generalitat Valenciana ha subvencionado con 200.000 euros de ayudas Covid a Cronosport S.L., una de las empresas salpicadas por el caso Azud, la trama de corrupción urbanística en la que también se investiga la existencia de una presunta caja B en el PSOE valenciano. En concreto esta empresa ha recibido ayudas del programa estatal Plan Resistir Plus, gestionado a través de la Consejería de Hacienda (en manos de los socialistas) para autónomos y empresas cuyo volumen de negocio cayó por culpa de la pandemia.

Cronosport se encuentra en el radar de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber realizado parte de las campañas electorales del PSPV bajo sospecha, en 2007 y 2008. La mercantil solicitó dicha subvención y su adjudicación fue aprobada el 24 dee septiembre de 2021 por el Gobier-no autonómico –conformado porr PSOE, Compromís y Unides Po-odem–, tal y como se publicó cincoco días después en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Las empresas seleccionadas po-podían acceder a ayudas que oscilabanan entre los 4.000 y los 200.000 euros,os, de acuerdo al decreto 61/2021 de apro-probación de las bases reguladoras paraara la concesión directa de subvencionesnes extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19, consultado por este diario. Y a Cronosport se le concedió la máxima cantidad posible. En 2021 facturó 510.073,90, un 65% por ciento menos que en el año 2020. Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de la firma, sin obtener respuesta al cierre de esta edición. Cronosport realizó el ‘merchandising’ de la campaña de las municipales de 2007 con la que Carmen Alborch quería arrebatar la vara de mando a Rita Barberá, así como la de los comicios generales de 2008, en la que los socialistas llevaban a María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por Valencia.

Por esos trabajos habría cobrado un total de 332.588,48 euros que, según los investigadores, no habría abonado el partido directamente, sino cinco mercantiles que previamente habían resultado adjudicatarias de contratos públicos millonarios. «El motivo por el que estas mercantiles asumen costes de trabajos desarrollados en beneficio del PSOE se encuentra, indiciariamente y en base a los diferentes elementos recopilados, en diversas actuaciones desarrolladas en el seno de Acuamed u otras empresas públicas vinculadas a esta», apuntaba la UCO en su informe.

Así, Gigante Edificaciones y OObras pagó a esta mmercantil 33.367 euros por camisetas, gorras, chapas, colorines, abanicos, globos o hasta caramelos ppara la campaña electoral de 2007.2007 Sin embargo, los investigadores han podido determinar que se trataba de una sociedad interpuesta y que el origen último de los fondos era el Grupo Axis, propiedad del promotor y presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer. Por su parte, Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales (Sitra) abonó otros 108.344 euros en gastos electorales y Construcciones Lujan, 120.060 más. La juez que instruye la macrocausa enmarca este último pago en la adjudicación de un contrato público en el que participó el extesorero de los socialistas valencianos Pepe Cataluña: la del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, licitado por la empresa pública Aguas del Júcar, que fue absorbida por Acuamed. «Se comprueba que ni el PSOE directamente habría abonado estas adquisiciones, así como que tampoco las habría declarado como gastos electorales, pese a que aparentemente deberían haberse declarado como tal» al Tribunal de Cuentas, incidía la Guardia Civil.

Registros

En un registro realizado en la sede de Cronosport, los agentes pudieron comprobar que ninguna de las mercantiles formaba parte de su lista de clientes habituales. La operativa se habría repetido en las elecciones generales de marzo de 2008. La Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) –mercantil del Grupo Gimeno– pagó 70.817 euros para mochilas, gorras o ponchos impermeables. La magistrada destaca en el último auto de imputación que dos meses antes resultó adjudicataria de un contrato con la desaladora de Moncofa por 50,8 millones de euros.