Élisabeth Borne, primera ministra del Gobierno de Emmanuel Macron, presentó ayer un plan de lucha contra el racismo, el antisemitismo y las discriminaciones, para intentar combatir un incremento espectacular de la delincuencia y la criminalidad racista. Según las estadísticas, en Francia (67,75 millones de habitantes), más de 1,2 millones de personas sufrieron el año pasado discriminaciones o agresiones racistas.

Entre el 2019 y el 2021, los delitos y crímenes racistas crecieron en un 13%. Los franceses de raza negra y/o confesión musulmana son las principales víctimas de esa «lepra» (expresión de Emmanuel Macron) que amenaza la sociedad francesa. Racismo nacional que tiene raíces muy profundas. Esa «marea negra» racista tiene otra dimensión dramática: solo 1.382 delitos racistas fueron condenados jurídicamente que se produjeron el año pasado. El proyecto concebido por el Gobierno de Macron promete abordar el problema en todas sus dimensiones.

Élisabeth Borne presentó el proyecto gubernamental en un lugar simbólico, el Instituto del Mundo Árabe (IMA), una institución concebida como punto de encuentro entre las culturas europeas, francesa y árabes o musulmanas, acompañada de una parte significativa de los participantes en la concepción del proyecto, que ha contado con el trabajo de quince ministerios, treinta y cinco asociaciones y numerosas asociaciones de lucha contra el racismo y defensa de los derechos humanos.

El proyecto del Gobierno de Emmanuel Macron tiene cinco grandes capítulos: «Nombrar y denunciar la realidad del racismo y el antisemitismo», «evaluar sistemáticamente la evolución de las acciones racistas», «educar mejor, desde la infancia», «sancionar a los autores de delitos y crímenes racistas » , « acompañar a l as víctimas». De entrada, la primera ministra anuncia nuevas formas de colaboración «en la base», entre los ministerios del Interior y Justicia, para evitar la impunidad alarmante de la que se han beneficiado, hasta ahora, los delincuentes racistas de la más diversa condición.

Código penal

La colaboración policial, básica, en la raíz de la represión anunciada, debiera estar acompañada de una revisión del código penal, con el fin justificar y adaptar nuevas penas a las nuevas modalidades de la delincuencia racista. El análisis y tipificación jurídica de nuevos y «antiguos» delitos racistas llevará mucho tiempo, y quizá exija reformas y posibles proyectos de Ley.

En un segundo plano, el proyecto promete «combatir con más eficacia» las nuevas formas de discriminación… problema más fácil de denunciar que de perseguir y «castigar». En la práctica, un francés negro o musulmán que busque piso tiene problemas que no siempre encuentra un francés de raza blanca. El acceso al mercado inmobiliario es, desde hace años, un campo de minas donde las discriminaciones pueden realizarse con palmaria simplicidad, muy difícil de combatir. ¿Cómo «obligar» a un propietario a vender o alquilar un piso a un eventual cliente que no corresponde a sus criterios personales?

En tercer plano, el plan promete abordar el problema de fondo en la escuela, desde muchas perspectivas: a través de la pedagogía, a través de la formación y la información, intentando favorecer el «diálogo y comprensión entre lenguas, culturas y religiones».

Isabelle Rome, ministra delegada, responsable de la Igualdad entre hombres y mujeres, la Diversidad y la Igualdad de oportunidades, será la responsable directa de gestionar la puesta en práctica del proyecto de lucha contra el racismo, coordinando los trabajos prácticos de distintos ministerios, Interior, Justicia, Educación, entre otros.