Ala vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le gusta decir que solo da explicaciones de sus decisiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es, exactamente, lo que ha hecho con el salario mínimo, obviando las recomendaciones de moderación que durante las últimas semanas ha realizado Nadia Calviño, alineada en esta ‘ batalla’ con las empresas.

Como una máquina de precisión, Sánchez y Díaz daban ayer la noticia con un intervalo de apenas unos minutos. Primero fue el jefe del Ejecutivo desde el Senado el que avanzaba un alza de 80 euros; minutos después lo hacía Trabajo. No hubo demasiadas sorpresas ni con el alza ni con el acuerdo con los sindicatos. Díaz ya había ido dando pistas de su predisposición a aplicar la subida más alta propuesta por sus propios expertos. No ha llegado a tanto apenas por unos euros, ya que el salario mínimo, que rige las condiciones salariales de 1,8 millones de trabajadores, escalará un 8% con carácter retroactivo desde el 1 de enero, para quedarse situado en 1.080 euros brutos mensuales en 15 pagas. Su comité de estudiosos había propuesto una banda máxima de 1.085 euros y una mínima de 1.046 euros frente a los 1.100 defendido por los sindicatos. Poco les costó ceder en aras del acuerdo, que calificaron de «histórico».

El incremento, como ocurriera en 2022, solo lleva el sello de UGT y CC.OO. y cuenta con el rechazo frontal de las organizaciones empresariales, que ya han avisado de daños para el empleo. Al igual que ocurrió en diciembre, la patronal decidió ‘in extremis’ la noche anterior no acudir al encuentro que mantuvo el Gobierno con los sindicatos. ¿Los motivos? Explicó que «no se dan las condiciones» para su asistencia dado que La Moncloa no había realizado la preceptiva consulta con los agentes sociales durante enero, ni realizado una propuesta formal a la que hizo la CEOE en diciembre. La CEOE abogaba por una subida del 4%, hasta 1.040 euros, que se supeditaba al establecimiento de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y una modificación de la normativa de la ley de contratos del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

El acercamiento entre Trabajo y los sindicatos se producía después de que el dato avanzado del IPC de enero haya arrojado un aumento de la tasa interanual de inflación de una décima, hasta el 5,8%, tres veces más que los sueldos pactados en convenio, y que la inflación subyacente haya escalado hasta el 7,5%, su cifra más alta desde diciembre de el año 1986.

La vicepresidenta segunda, igual que las centrales, considera que el incremento del SMI es la medida «más eficaz» para salir de las crisis y para «compensar la pérdida de poder adquisitivo» que están viviendo las familias. El incremento que se aplicará desde el 1 de enero se acerca al experimentado por las pensiones, del 8,5%, pero queda lejos del 3,5% aplicado al sueldo de los funcionarios. «Si tan bueno es para el país subir un 8% el sala