La nueva lista de 24 paraísos fiscales, o jurisdicciones no cooperativas según la nueva terminología establecida por el Gobierno, sometida a información pública por el Ministerio de Hacienda recorta a la mitad el listado original de 48 recogido en la ley desde el año 1991, pero a juicio de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf ) incluye territorios que a priori no cumplen ninguno de los requisitos previstos por la norma para ser considerados como tales.

Así lo traslada al Ministerio de Hacienda la que pasa por ser una de las asociaciones más representativas del colectivo y principal referencia en el ámbito de las grandes firmas profesionales de asesoría fiscal, Aedaf, en sus alegaciones al borrador de orden que aspira a dar cauce a este nuevo listado, a las que ha tenido acceso ABC.

El documento de Aedaf concluye que la lista hace albergar «dudas sobre algunas de las jurisdicciones que han sido propuestas en la lista, tanto porque no parecen concurrir en ellas los requisitos previstos legalmente, como porque se alcanzan conclusiones opuestas a las de los organismos internacionales que abordan la materia». Se refieren, en concreto, a la falta de sintonía de la lista española con las de la UE o la OCDE y a la presencia en el inventario diseñado por Hacienda de t erritorios que salieron hace tiempo de estos listados internacionales por aceptar las exigencias de intercambio de información impuestas por el consenso internacional.

Se mencionan, por ejemplo, los casos de Jersey y Guernsey, dos de las islas del canal de la Mancha que han sido tradicional refugio fiscal de grandes fortunas, o de las Islas Caimán, que hace años se adhirieron al convenio sobre asistencia mutua administrativa en materia fiscal de la OCDE y que como consecuencia de ello salieron en su día de la lista española, pero que ahora han vuelto a ser incluidas. O los de Barbados y Trinidad y Tobago, con convenios de doble imposición y para impedir la evasión fiscal con España y que también se han incluido.

La incógnita de Gibraltar

Aunque el caso más sorprendente es Gibraltar. El Gobierno del Peñón alcanzó en marzo de 2021 un acuerdo fiscal con España, que entró en vigor un año después, que garantizaba el intercambio de información fiscal y bloqueaba la posibilidad de que naturales de España adquirieran residencia fiscal en Gibraltar, impidiendo así cualquier maniobra para facilitar la elusión fiscal. En su día se dio por hecho que este acuerdo daría con los huesos de Gibraltar fuera de la lista de paraísos fiscales, pero no ha sido así.

«Con independencia de la singularidad de las relaciones de nuestro país con el territorio, derivadas del conflicto histórico que mantienen España y el Reino Unido, es patente que Gibraltar no cumple las condiciones previstas por la ley para calificarlo como no cooperativo», denuncia Aedaf en sus alegaciones a la orden ministerial.

«Tributos siempre ha alegado que no salía de la lista de paraísos fiscales porque no había firmado un acuerdo de intercambio de información con España, pero sí se prevé en el acuerdo firmado con motivo del Brexit. Se echa en falta alguna explicación en la orden sobre por qué se le ha incluido en la lista», asegura José María Peláez, de Inspectores de Hacienda del Estado, que señala la falta de explicación de por qué unas jurisdicciones están en la lista y otras no como la principal laguna del nuevo listado.

«El asunto es que todo esto no es neutral para el contribuyente», advierte Eduardo Gracia, miembro de la Comisión Directiva de Aedaf. «Hay muchas normas condicionadas a la declaración como paraíso fiscal, entre las que la más importante es el Código Penal que prevé que la prescripción del delito se amplíe de cinco a diez años en el caso de los paraísos fiscales. Estamos en contra de que se opere de forma fraudulenta en paraísos fiscales, pero hay que darse cuenta de que estos cambios afectan a los derechos de los contribuyentes y a su seguridad jurídica. Es imperativo que el Gobierno motive por qué España se aparta de la UE y de la OCDE».

En la lista de la UE hay una docena de países, la mitad de los 24 recogidos en la propuesta de lista española. Sin embargo, la de Hacienda no incluye a Panamá, sobre la que, según José María Peláez, pesan sospechas razonables sobre su falta de cooperación tras el caso de los papeles de Panamá.