La ley española, en línea con la internacional, asocia la consideración como paraíso fiscal a tres criterios: la falta de transparencia fiscal, el fomento de esquemas ideados para atraer beneficios de actividades no reales y la baja o nula tributación.

Además, añade otro: la equidad fiscal. Un concepto que Aedaf tilda de «vago» y que en apariencia constituiría la única justificación para la inclusión en la lista de territorios que cumplen los tres criterios antes mencionados.