La Audiencia Nacional desestimó ayer el recurso de Anticorrupción y confirmó la exoneración de Repsol y su presidente Antonio Brufau; Caixabank y su expresidente Isidro Fainé, y otros directivos de ambas compañías en el caso Villarejo. Considera, como en su día concluyó el juez Manuel García Castellón, que no hay indicios de que supieran que estaban contratando a un policía en activo como tampoco de que accediesen a datos reservados conseguidos por el comisario. La resolución, a la que tuvo acceso ABC, ciñe así la responsabilidad a los jefes de Seguridad de Repsol y Caixabank; Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño; el propio comisario José Manuel Villarejo y el abogado de sus empresas, Rafael Redondo, y confirma que contra todos continúa el procedimiento camino de juicio, en línea con la decisión adoptada por el instructor. Está también procesado el que era jefe de Araujo en el momento de los hechos, Rafael Girona; y el comisario Enrique García Castaño.

Se trata de la encomienda que hicieron desde Repsol y Caixabank a Cenyt, la empresa de Villarejo, para frustrar el acuerdo que estaban fraguando el constructor Luis del Rivero y su empresa, Sacyr, con la mexicana Pemex, para avanzar en el accionariado de la petrolera española. La clave del asunto era el hecho de estar contratando a un policía en activo para buscar remedio y que lo hiciese a golpe de datos reservados. Para los magistrados, «nada de ilícito hay en que Repsol y Caixabank aúnen esfuerzos para frustrar un plan que consideran perjudicial para sus intereses societarios, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad». Y no se habría roto esa barrera. Respecto a Repsol, la resolución dice que «no hay constancia» de que Brufau conociera que el encargo se había hecho a Cenyt y que tras ella estuviese un policía en activo, como tampoco de que mediasen tráficos de llamadas de Del Rivero. Sus protocolos internos de contratación, además, no lo habrían detectado.

Con Caixabank, misma conclusión: «ni Isidro Fainé ni Antonio Massanell Lavilla tuvieron ningún contacto con Cenyt y toda la información que sobre el encargo hecho a esta entidad les llegaba era a través de Miguel Fernández Rancaño», quien «ha negado conocer la condición de funcionario público» del comisario.