El juez del caso mascarillas ha ampliado las imputaciones contra el comisionista Alberto Luceño y ahora le señala también por falsedad documental y delito fiscal agravado, después de que l a Agencia Tributaria apuntase un posible fraude de más de un millón de euros en 2020, cuando, junto a su socio Luis Medina, cerró el negocio de venta de material sanitario al consistorio de la capital que se investiga como una estafa. Le cita a declarar el 10 de febrero.

En una resolución notificada ayer, el juez Adolfo Carretero explica que ese informe de la inspección de Hacienda indica que Luceño «ha dejado de ingresar en las arcas públicas en relación con el IRPF de 2020 la cantidad de 1.351.386,29 euros como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas», es decir, la venta a precios inflados de guantes, mascarillas y test Covid al Ayuntamiento de Madrid en la primera ola de la pandemia, por las que se embolsó en comisiones más de cinco millones de euros.

De acuerdo a las conclusiones de la Agencia Tributaria, no podía imputar sus ingresos a la sociedad Takamaka Invest, que gestiona, «porque no estaba constituida al momento de hacer las operaciones» y, sin embargo, lo hizo en una conducta que «presenta indicios de la comisión del delito fiscal agravado» . La inspectora que firma el análisis ha sido citada como testigo el mismo 10 de febrero.

Para la Fiscalía Anticorrupción, ese delito es imputable a Luceño directamente y no a la mercantil por la «identidad sustancial» que existe entre él y la empresa. Deberá así «responder en su caso civilmente por este delito con todos sus bienes presentes y futuros, incluyendo los beneficios y acciones que pueda tener la citada sociedad», tal y como recogía un informe remitido al juez que ahora asume el instructor.

Se complica, de este modo, el horizonte penal para el considerado como «cerebro» del caso mascarillas, que ya estaba imputado por estafa agravada, falsedad en documento mercantil y un presunto blanqueo de capitales. Hace unas semanas se le añadía además un posible delito de falsedad en relación a una placa y una tarjeta del Centro Nacional de Inteligencia que fueron halladas en el registro de su domicilio y su oficina y se reputaron falsas. Se suma un ilícito más ahora, también de este tipo, por «la manipulación de una serie de documentos firmados por el alcalde de Madrid, el director de Gestión del Hospital Universitario Puerta de Hierro y el director General de Protección Civil y Emergencias».

Las 78 versiones de la carta

Se trata de las 78 versiones de una carta firmada por José Luis MartínezAlmeida que le fueron incautadas y que partían de un supuesto original cuya existencia no consta en el sumario, en el que el alcalde pedía a las autoridades chinas información sobre la lucha contra la pandemia a través de Luceño, al que se refería como «Mr. President». Como informó este diario, en alguna de ellas había incorporado membrete del Ministerio de Sanidad y el lema «este virus lo paramos unidos».

En cuanto a los documentos del Puerta de Hierro y Protección Civil, los originales sí constan y eran salvoconductos para asistir a una reunión un día concreto de abril, en pleno confinamiento. Se encontró una versión modificada en la que el permiso lo era para desplazarse por toda España y durante todo el encierro. En algunas de las variantes había añadido además, «reseñas con datos de las agencias de seguridad Interpol, FBI y terceras instituciones»