El exdirector de Servicios Jurídicos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), la institución gubernamental implicada en el caso Mediador, advirtió en el año 2020 de que no cumplían la ley en las adjudicaciones públicas. Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, David Díaz Caneja llegó a llamar «delincuentes» a algunos técnicos, al tiempo que elaboró una guía didáctica en la que denunciaba innumerables incumplimientos legales y marcaba cómo se deben licitar los concursos. Hablaba incluso de delitos concretos que se estarían cometiendo. Tras su llegada a la Fiiapp en el año 2019, se escandalizó tanto con el proceder sistematizado y con las «excusas» que escuchó que decidió elaborar la guía junto a un despacho de abogados especializado en contratación pública incluyendo dibujos, ‘memes’ que ridiculizaban los vicios adquiridos y los argumentos que daban a Servicios Jurídicos cuando alertaban de que no se podía adjudicar contratos a la ligera o, directamente, amañados.

Los incumplimientos detectados fueron un largo rosario: desvirtuación del objeto de la contratación, fragmentación de contratos, contrataciones múltiples en un contrato o adjudicaciones directas y modificaciones fuera de la ley. El director de los Servicios Jurídicos también enumeró los peregrinos argumentos que esgrimía el personal y explicó por qué no se podían hacer las cosas de ese modo: «Siempre lo hemos hecho así», «mi proyecto es a demanda y no puede saber lo que voy a necesitar», «es urgente», «no llegamos», «es la voluntad del financiador» o «yo no tengo por qué saberlo».

Alertó de que «el contrato NO (sic) es una ‘bolsa de dinero’ para ir gastando según convenga» y que el pliego de condiciones para adjudicarlo es obligatorio. Puso como ejemplo que se usara el contrato de la fundación con su agencia de viajes para adquirir «licen

cias de software, gasolina de lanchas, alquiler de oficinas, impresión de libros, compra de bolsos, etc». «Esta práctica no solo es ilegal, sino delictiva, ya que se está vulnerando el principio de igualdad, publicidad y libre concurrencia, y se está gastando dinero público sin respetar el procedimiento adecuado. Penalmente constituye delitos de malversación y prevaricación», refleja la guía, a la que ha tenido acceso ABC. Algo parecido ocurre con la fragmentación de contratos o las adjudicaciones por procedimiento negociado cuando la ley exige concurso público. Además, «la adjudicación directa NO (sic) existe. Si alguna vez has pensado en ella, fue un sueño del pasado que se podría convertir en pesadilla. Mejor olvidarla», advierte tajante a los empleados de esta fundación del Gobierno.

Otra de las prácticas ilegales señaladas fue la «contratación a goteo» para no licitar, lo que «constituye delitos de prevaricación, malversación, y potencialmente falsedad documental». La guía advierte de que definir las características de una adjudicación para dársela a una empresa concreta es «un contrato a dedo » , que está «prohibido y es fraude de ley».

El entonces director de Servicios Jurídicos dedicó otro epígrafe a desmontar el «argumentario clásico utilizado por gran parte del personal aun sin tener un nivel mínimo de solidez». Explicó que el hecho de que algo sea urgente «no es argumento válido para vulnerar las disposiciones de la ley» y que los «argumentos falsos» para dicho informe, de forma tal que se consiga ilegalmente una tramitación más rápida, «constituyen un delito de falsedad documental».

Especial malestar generó en el director jurídico escuchar una y otra vez entre trabajadores de esta fundación pública la excusa de «yo no tengo por qué saberlo» para justificar esas irregularidades: «Existen unos conocimientos elementales exigibles a cualquier empleado de Fiiapp (…) las entidades del Sector Público no deberían dedicar el dinero de los impuestos de los contribuyentes a pagarles el sueldo a personas que, por cuyo desempeño profesional, solo puedan ser calificados como tarúpidos». La guía califica las alegaciones del personal como «absurdas, ridículas, bufas y risibles realizadas cuando un técnico pretendía cometer una ilegalidad porque le resultaba más cómodo y/o rápido que el cumplimiento de la ley, o cuando trataba de justificar la ya cometida».

Cuando David Díaz Caneja asumió la dirección jurídica de la Fiiapp, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) estaba auditando sus cuentas de 2018. Como adelantó ABC, el interventor emitió informe desfavorable en diciembre de 2020 alertando de una treintena de incumplimientos de la legislación vigente.

El general Espinosa

Pese a la gravedad de la situación, muchos empleados de la fundación protestaron por la elaboración de la guía, que fue remitida a todo el personal por correo electrónico. Según fuentes no oficiales de la entidad, el jefe jurídico llegó a llamar a técnicos y jefes de área «delincuentes» e «ignorantes». Entre los proyectos que más enervaron a Díaz Caneja estuvo precisamente el GAR-SI Sahel. Cabe recordar que era el liderado por el general Francisco Espinosa, en prisión preventiva por el caso Mediador por adjudicaciones de 263.000 euros: «Espinosa quería adjudicaciones directas y pliegos a medida, y algunos subordinados trataban de complacerlo», aseveran las fuentes consultadas por ABC. Al final el documento en cuestión fue sustituido por la ‘Guía didáctica 2021’. Cambiaba el tono y desaparecían los ‘memes’, pero el contenido era similar. David Díaz Caneja presentó su dimisión y dejó la Fiiapp. ABC ha intentado sin éxito entrevistarlo.

La Fiiapp es una fundación gubernamental presidida por la vicepresidenta Nadia Calviño. Maneja una media de 67 millones de euros al año y tiene proyectos de cooperación en más de cien países. Además de la juez de Canarias que instruye el caso del exdiputado socialista Tito Berni, la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) también está investigando los contratos de esta fundación, como adelantó ABC.