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Los letrados judiciales aceptan la oferta para acabar con la huelga

▶ Hacienda y Justicia acuerdan subirles el sueldo hasta 450 euros al mes por nómina

NATI VILLANUEVA MADRID

Las asambleas de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) respaldaron ayer de forma mayoritaria la propuesta de acuerdo que los ministerios de Justicia y Hacienda pusieron sobre la mesa el pasado viernes para acabar con la huelga que este colectivo mantiene desde el pasado 24 de enero. Cada funcionario de este cuerpo superior ganará entre 430 y 450 euros más por nómina y se aparcan para más adelante otras reivindicaciones.

La formalización de este acuerdo en la reunión prevista para hoy entre el comité de huelga y los representantes del Gobierno implicará, a falta de cerrar los últimos flecos, la desconvocatoria de la huelga indefinida de LAJ, que se ha traducido en la paralización de 356.000 juicios y vistas y de 424.000 demandas, además del bloqueo de 1.280 millones de euros en las cuentas de consignación de los juzgados.

Según fuentes del colectivo, de los 2.029 letrados judiciales que votaron ayer, 1.530 (un 75,4 por ciento) lo hicieron a favor del acuerdo, mientras que 418 (20,6 por ciento) se pronunciaron en contra y el 4 por ciento se abstuvo.

Han sido necesarias apenas tres reuniones en días consecutivos con una nueva interlocutora, la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, para acercar posiciones entre los representantes del Gobierno y el comité de huelga, que reivindicaba una subida salarial adecuada a las nuevas funciones que los LAJ asumen desde 2009. Los contactos con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, habían entrado en una dinámica imposible de reproches y acusaciones al colectivo y ya en las últimas reuniones tuvo que tomar las riendas, por parte del departamento de Llop, el secretario general para la Innovación, Manuel Olmedo.

Adecuación salarial

La propuesta de Justicia y Hacienda dista mucho de la que pedían los letrados judiciales, que además del incremento salarial que Llop les prometió en abril del pasado año, querían un porcentaje –se habló del 85 por ciento– del sueldo de los jueces, la llamada doble cláusula de enganche, pues los LAJ tienen los mismos conceptos y principios retributivos que la carrera judicial.

La subida de entre 430 y 450 euros por letrado y nómina deja al margen los grupos de población; es decir, se trata de la misma subida para todos (430 euros), que en determinados casos de cargos directivos del cuerpo, como secretarios de gobierno y directores o coordinadores de servicios comunes, se eleva un poco más, hasta 450. La oferta –«inamovible» en aquel momento según Tontxu Rodríguez– pasaba por subir el sueldo sólo a los LAJ que menos ganaran.

La propuesta de acuerdo que se firmará hoy prevé que las cuantías resultantes de las modificaciones se alcancen de manera gradual en el período de 2023 a 2024, con efectos de 1 de enero de este año y con carácter consolidable. Además, según ha podido saber ABC de fuentes de la negociación, se concede a los LAJ otra de sus reivindicaciones, que es el reconocimiento de facultades de representación y defensa de las asociaciones profesionales en favor de sus asociados.

El hecho que marcó un punto de inflexión en el conflicto entre el Ministerio de Justicia y los LAJ fue la confesión de Llop en su reunión con otros operadores jurídicos de que fue Hacienda la que había paralizado los compromisos de su departamento con los representantes de la negociación. La ministra estaba reconociendo que aquéllos acuerdos existían, lo que directamente implicaba ya a su compañera María Jesús Montero en la negociación. Los letrados judiciales pidieron un cambio de interlocutor y hablar con Hacienda, de forma que el conflicto que llevaba enquistado hasta la octava semana de huelga se resolvía en apenas tres días.

Queda ahora por ver cómo se recuperará la normalidad tras el colapso que ha provocado en los juzgados una huelga de dos meses ampliamente secundada por el sector, aunque las cifras diarias de seguimiento que daba el cuerpo y las del ministerio no tenían nada que ver: los LAJ hablaban de un 75 por ciento y el ministerio lo rebajaba al 23. Letrados y procuradores ya piden una reanudación paulatina de la actividad para no colapsar los tribunales. No solo las demandas exigirán contestación en un plazo concreto una vez repartidas, sino que habrá que proceder a un nuevo señalamiento de las vistas suspendidas. Aunque el resto de funcionarios del juzgado y el juez han intentado seguir con su actividad ordinaria, el letrado judicial es una pieza clave al tener que dar fe pública de todo lo que acontece en los tribunales.

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2023-03-28T07:00:00.0000000Z

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