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Un informe encargado por la UE constata el uso político de la universidad catalana

▶ El documento, pedido por la UE, señala la «creciente preocupación» por la corrupción en centros españoles ▶ Los autores destacan la «oposición» de las universidades a impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano

ESTHER ARMORA

Cuatro días después de que la plataforma Universitaris per la Convivència (UpC) urgiera al Parlamento Europeo a que investigue la falta de neutralidad ideológica y la vulneración de los derechos fundamentales en los campus catalanes, sale a la luz un informe independiente que la institución encargó a un grupo de profesores de la Universidad de Oslo (Noruega) sobre la libertad académica y el nivel de autonomía universitaria en Europa. El trabajo, al que ha tenido acceso ABC, señala la instrumentalización política por parte del nacionalismo de los centros catalanes y la «creciente preocupación» por los casos de corrupción registrados en estos últimos años en algunas universidades españolas como la Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

La investigación, que fue encargada por la Dirección General de Investigación Parlamentaria y Servicios (EPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría del Parlamento Europeo a docentes noruegos, señala el alto grado de politización de los campus catalanes. Sobre todo, a raíz del denominado ‘procés’, recogiendo los argumentos que presentó la UpC a la Eurocámara.

El estudio ‘Situación de la libertad académica en los Estados miembros de la UE’ reconoce que «la independencia catalana y las cuestiones políticas relacionadas con ella han influido en el comportamiento de liderazgo institucional de varias universidades de esta comunidad».

El informe ha sido enviado a la Eurocámara y completará la investigación realizada a instancias de Universitaris per la Convivència

«Los equipos de gobierno de varias universidades públicas han adoptado durante años posiciones políticas e ideológicas sobre temas sensibles a la independencia de Cataluña, lo que a su vez plantea preocupaciones por la libertad de expresión», afirman los expertos en su informe.

A favor de la amnistía

Incluyen algunos ejemplos que lo sustentan, como la firma en 2015 por parte de varias universidades públicas de un manifiesto a favor de la amnistía de los líderes independentistas encarcelados; el manifiesto firmado en 2019 por las universidades en apoyo a la secesión, documento que después fue librado al entonces presidente de la Generalitat; la negativa, por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a reconocer en su directorio de asociaciones de estudiantes a la que representa a los alumnos constitucionalistas, ‘S’Ha Acabat!’, o la carta que firmaron 800 docentes en 2019 para protestar por la falta de neutralidad de los rectores ante la sentencia del ‘procés’.

En su lista de irregularidades detectadas en el sistema académico catalán figura también la «oposición» por parte de las universidades públicas a la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que obliga a impartir al menos un 25 por ciento de asignaturas en castellano en todo el sistema educativo público catalán.

Los expertos reflejan en su documento, que servirá a la Eurocámara en su investigación sobre esta cuestión, que académicos, estudiantes y autoridades estatales han criticado a las universidades catalanas por adoptar «lo que se ha considerado como posiciones ideológicas que desafían la neutralidad política de las universidades como instituciones públicas». «Otros académicos –añade el informe– han argumentado que las universidades en general, no solo las catalanas, están siendo copadas por partidos políticos, alienando la neutralidad institucional».

«Los académicos temen que esto conduzca a prácticas excluyentes e interferencias políticas que amenacen la libertad de expresión y una cultura universitaria de tolerancia y de debate abierto», subrayan los profesores y recuerdan que «las universidades no solo se han enfrentado a académicos, sino también a autoridades electorales y judiciales».

Ante los tribunales, los centros se han escudado, según apuntan, en «la autonomía universitaria como defensa para expresar la opinión política». Sin embargo, los autores recuerdan que esa autonomía solo cubre «cuestiones de organización interna de los centros» y no a los posicionamientos de índole político.

El debate en Europa se produce apenas dos semanas después de que el Congreso apruebe la nueva ley educativa (LOSU) que, en una de las partes de su articulado que más debate político ha generado establece como una de las «funciones fundamentales» del claustro la de «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia». Los independentistas ven en esa parte del redactado la forma de eludir sentencias judiciales como las que ya han condenado a universidades como la Politécnica de Cataluña (UPC), la de Barcelona (UB) o l a Pompeu Fabra (UPF) por posicionarse a favor del ‘procés’. El Tribunal Supremo (TS) ha sido explícito al respecto: «Las universidades están sujetas al principio de neutralidad predicable a toda Administración pública».

El informe de los profesores noruegos Peter Maassen, Dennis Martinsen, Mari Elken, Jens Jungblut y Elisabeth Lackner, de la Universidad de Oslo (Noruega) ha sido enviado a la Eurocámara y servirá para completar la investigación sobre este asunto que están realizando a instancias de la plataforma Universitaris per la Convivència.

Carta a Reynders

Tras la comparencia de UpC, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara acordó enviar al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynerds, y al Gobierno español sendas cartas reclamando que «actúen» ante la situación.

«Desde Universitaris per la Convivència celebramos el interés que está mostrando el Parlamento Europeo por el trabajo que venimos desempeñando en defensa de una verdadera autonomía universitaria. Contábamos ya con el apoyo explícito del Defensor del Pueblo y de numerosas resoluciones judiciales, incluido el Tribunal Supremo. Ahora nuestras denuncias constan en un informe internacional independiente y la Comisión de Peticiones pedirá al Comisario Reynders que se incorporen al informe sobre el Estado de derecho en Europa», explica en declaraciones a ABC la portavoz de Universitaris per la Convivència, la profesora Isabel Fernández Alonso.

«Queda claro que no estamos solos en nuestras reivindicaciones y esto nos anima a seguir batallando por la neutralidad política de los órganos de gobierno de nuestras universidades. Es decepcionante que la LOSU no recoja explícitamente este principio, pero esta norma no podrá ser nunca interpretada al margen de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España», concluye la docente.

Los autores del documento aclaran que «está preparado y dirigido a los miembros y al personal del Parlamento Europeo como material de referencia para ayudarles en su labor parlamentaria, pero que su contenido «es responsabilidad exclusiva de sus autores y cualquier opinión aquí expresada debe no debe tomarse para representar una posición oficial de la institución».

ABC 2

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2023-03-28T07:00:00.0000000Z

2023-03-28T07:00:00.0000000Z

https://lectura.kioskoymas.com/article/282106345895089

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