El pasado 1 de junio, la Conferencia Episcopal hizo público el informe referido a los abusos sexuales cometidos en instituciones de la Iglesia católica en España desde los años 40 hasta la actualidad. Hemos de felicitar a nuestros obispos y a los que han colaborado con ellos en la realización de este informe. Los datos han sido entregados ya al Defensor del Pueblo, puesto que la Iglesia desea colaborar con las autoridades civiles y judiciales en todo lo que se refiere a estos delitos. En el informe se dice claramente que no hay prescripción, porque la condición de víctima no prescribe. Otra cosa bien distinta es la prescripción penal de los abusadores. Los obispos destacan que cualquier víctima de abusos cometidos en instituciones de la Iglesia ha de saber que la Iglesia reconoce el daño causado y quiere ayudar a los afectados a salir de su postración. No hay lugar en el sacerdocio para los abusadores. La obligación de cada obispo es colaborar con la justicia penal de cada país y con la Fiscalía. El informe del que estamos hablando es el primero de esta naturaleza que emana de una Conferencia Episcopal en todo el mundo y tiene vigencia para todas las diócesis; así se refuerzan

las garantías jurídicas de las personas. VICENTE MARTÍNEZ VALENCIA