Las agencias inmobiliarias se enfrentan a un escenario inédito tras la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda. La obligación de que los propietarios tengan que hacer frente a la totalidad de los honorarios por los servicios de gestión y formalización del contrato de alquiler, como establece la norma, pone en jaque una pata importante de su negocio. La razón es que el coste que atiza a los caseros este cambio legal podría alentarles a prescindir de ayuda profesional y decidirles a ejecutar el proceso por cuenta propia. Eso es lo que buscan evitar las agencias, que no bajan los brazos y pelearán para evitar una fuga masiva de caseros. La lucha amenaza con recrudecer la competencia entre las empresas del sector

La batalla se anuncia encarnizada, pero queda por ver cómo se llevará a cabo. Por el momento, las agencias siguen asimilando la entrada en vigor de la nueva ley de Vivienda, que se publicó en el BOE la semana pasada, y calculando cómo pueden ajustar su operativa a la nueva norma.

Distintas fuentes del sector inmobiliario consultadas por ABC descartan, al menos por el momento, que la nueva regulación vaya a desencadenar una guerra de tarifas para intentar retener y atraer propietarios como algunos apuntaron tras conocer la medida. Sin embargo, reconocen que el nuevo paradigma les ubica en un escenario de mayor competitividad respecto al que vivían, en un sector muy fragmentado en el que conviven franquicias, pymes o agentes inmobiliarios autónomos, entre otros. Incluso se prevé que esta rivalidad también tenga efecto en el mercado de compraventa, al provocar un trasvase de agencias y profesionales que hasta el momento se dedicaban exclusivamente al mercado del alquiler a ese otro segmento de mercado, por la necesidad de explorar nuevas vías de negocio para no perder ingresos.

Francisco Nomdedeu, vocal del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), explica que ese nuevo marco de competencia se traducirá en una mayor oferta de servicios por parte de las agencias y los profesionales del sector. No solo cree que no habrá una guerra de precios para captar caseros, sino que incluso prevé que se elevarán los honorarios que reciben. «En algunos casos se intentará subir algo para compensar la falta de pago de los inquilinos, pero siembre bajo la premisa de aportar más funciones al propietario». Entre estas nueva prestaciones asoman la gestión de tributos o la contratación de servicios anejos, como los de seguros de impago de alquiler.

Oleada de consultas

Las agencias también ven una oportunidad en el desconocimiento de la nueva ley por parte de los propietarios, tanto para los casos de compraventa como para los de alquiler. En las últimas semanas las consultas sobre la aplicación de la norma se han disparado, como ya avanzó ABC. La propia redacción de la ley da lugar a malentendidos por lo que entienden que los propietarios necesitarán de asesoramiento profesional para no incumplir la norma. «Requerirán de las empresas para observar y recopilar todo lo que exige la norma: aspectos e información sobre la vivienda; datos sobre el inmueble como la cédula de habitabilidad o la certificación energética, además de la superficie y la antigüedad», añade Nomdedeu.

Una ayuda que también cree relevante el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, que explica que el sector se encuentra ahora mismo en un debate interno de adaptación a la norma y también de modelo de gestión. «Estamos asimilando a marchas forzadas un imperativo legal, contrario a la libertad de empresa y de contratación; y asumiendo ya pérdidas muy importantes en nuestros negocios debido a que una parte de las agencias inmobiliarias te

El sector alerta de que la autogestión del alquiler que llevarán a cabo los propietarios incentiva la economía sumergida

nían los alquileres como su principal fuente de ingresos». No sólo les está pasando a los profesionales del sector, también a los arrendadores. Alfaro asegura que tampoco entienden lo que está ocurriendo «y se abre un período donde vamos a tener que realizar una labor incesante de comunicación para advertirles de que esta ley desprotege y desincentiva a los arrendadores».

Desde la Federación ya advirtieron durante la tramitación parlamentaria de que la autogestión que llevarán a cabo los caseros provocará un aumento de la economía sumergida. Además, creen que se expondrá más a los inquilinos a ser víctimas de engaños, estafas o cláusulas abusivas al prescindir de un servicio profesional.

Alfaro considera que el mayor coste de gestión que la nueva norma supone para los caseros les hará pedir más garantías a los inquilinos y exigir compromisos durante un mayor período de arrendamiento mínimo, «y por tanto habrá menos contratos de un año y menos rotación en la oferta de vivienda».

Riesgo de cierres

La otra cuestión que queda en el aire es si la ley de Vivienda dejará un reguero de cierres de agencias en los próximos meses. En el sector creen que algunas de las que se dedican únicamente al mercado del alquiler tendrán que echar la persiana. Pero para Montserrat Junyent, presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, esto no tiene por qué ocurrir necesariamente, sino que «el mercado deberá adaptarse a la nueva situación y vivirá un periodo de reajuste».

En esa nueva realidad, el inquilino también podría acabar requiriendo nuevos servicios que hasta ahora no contemplaba. Nomdedeu explica que el sector se puede beneficiar de la caída de oferta de vivienda que ya se percibe en los portales inmobiliarios. «Los inquilinos van a verse obligados a acudir a las agencias para encargar un servicio de búsqueda de vivienda en alquiler y se les podrá suscribir notas de encargo y cobrarles por ello», señala. También podrán facturarles otras prestaciones como la tramitación de cambio de titularidad de servicios.