Con la aprobación a finales de junio del acuerdo de la nueva PAC que regirá entre 2023 y 2027 el futuro del modelo agrario europeo ya tiene partitura. Ahora, se trata de que esta enésima sinfonía le suene bien a todo el mundo. En un clima de optimismo generalizado, los múltiples y diversos agentes que intervienen en el complejo edificio que es el aparato agroalimentario europeo destacan diferentes aspectos del citado acuerdo como sus virtudes. pero no puede hablarse de un consenso general.

La presidencia portuguesa del Consejo de la UE, como no podía ser menos, se ha felicitado por el espíritu y la letra del acuerdo, destacando que su contenido “allana el camino para una PAC más justa, más ecológica y basada en los resultados, que busca proporcionar un futuro sostenible a los agricultores europeos. Según la ministra de Agricultura lusa, Maria do Céu Antunes, “este es un buen acuerdo para los agricultores y para Europa, ya que fortalecerá el sistema agroalimentario europeo, haciéndolo más sostenible y más justo para todos. El acuerdo prevé una PAC modernizada que respalda la transición hacia una agricultura más ecológica y respetuosa con el clima, y que aumenta el respeto por los derechos sociales y laborales, además de garantizar que los agricultores sigan siendo competitivos sin dejar a nadie atrás”. No en vano, el acuerdo se considera un triunfo de la presidencia portuguesa del Consejo Europeo, contexto en el que es preciso enmarcar estas valoraciones que provienen, además, de un país de protagonismo agrario.

La satisfacción expresada desde el gobierno español por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de manera rotunda al afirmar que "un acuerdo de esta naturaleza es un milagro", después de poner de relieve el trabajo realizado por su departamento para recoger todas las sensibilidades e intereses en la aportación española al futuro de la PAC.

Cifras y fechas El acuerdo, que entrará en vigor desde principios del 2023 estará vigente hasta 2027. En cuanto a los aspectos financieros, cabe destacar que los 378.500 millones destinados a la PAC, a España le corresponde algo más del 10% del montante, es decir, 47.724 millones de euros, pese al descenso del 15 % de los ingresos en el presupuesto comunitario, por la salida del Reino Unido.

La principal partida, que es la de los pagos directos, prevé 5.000 millones anuales que van a beneficiar a unos 700.000 agricultores y ganaderos españoles.

Repartos y criterios Ahora, se trata de repartir este capítulo y los demás que componen el soporte económico de la PAC entre las comunidades autónomas. España, a l igual que los demás Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 para presentar sus proyectos de planes estratégicos nacionales para la aprobación en un plazo máximo de seis meses por la Comisión Europea. Para Luis Planas, "si en Europa ha sido posible poner de acuerdo a 27 países con realidades agrarias muy distintas, a 702 diputados de 10 grupos diferentes, algo que no había visto en mi trayectoria europea, cómo no nos vamos a poner de acuerdo en España".

Probablemente, el ministro español ha recogido impresiones y posturas favorables como para esperar una armonización sosegada de las partidas de la PAC, así como una concordancia en los criterios de parte de cada uno de los gobiernos autonómicos. Pero, este será un camino sinuoso y sembrado de encrucijadas. En este sentido, es de esperar que existan presiones y controversias desde los distintos subsectores que componen el modelo el entramado agroalimentario español, diverso en cuanto a los modos de producción, los intereses. Amén, de discrepancias partidistas.

En concreto, el Partido Popular ha dejado claro su rechazo a los criterios del ejecutivo central en cuanto a los criterios de convergencia que se aplicarán en España y que, a juicio de la responsable de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, será perjudicial para agricultores y ganaderos.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha valorado la esperada noticia de este acuerdo porque otorga “certidumbre” al sector agrario, aunque contenga “luces y sombras”. Sombras como “la falta de mecanismos que permitan una adecuada gestión de los mercados para asegurar precios justos a los agricultores y los ganaderos o la introducción de nuevos requisitos medioambientales sin aumento presupuestario. En cualquier caso, es de resaltar que el acuerdo ha necesitado una convergencia, complicada en un principio, entre el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el europarlamento.

De este último, cabe destacar la opinión de Clara Aguilera , para quien esta será una nueva PAC “más justa, más social y más medioambiental, que impulsará la competitividad del sector a través de la innovación y la investigación. Con esta reforma, hemos encontrado el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad”.

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