Tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de poner en libertad sin cumplir la condena a nueve de los convictos de sedición y malversación por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre, el estado no sale más fuerte sino más debilitado. Queda ninguneada la máxima instancia judicial del Estado encarnada en el Tribunal Supremo que rechazó de plano unos indultos que no reúnen ninguno de los requisitos legales para aplicarlos. Queda burlada y humillada una gran parte de la opinión pública que votó a los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, en cuyos programas figuraba que los condenados cumplirían sus penas hasta el final. Quedan seriamente tocados y debilitados los millones de catalanes no independentistas que confiaban en la ley y en la justicia para que se defendieran sus derechos constitucionales. Se resentirá hasta niveles difíciles de calcular el principio de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y no es parcelable, ni fraccionable. Se abre de paso el melón de que cada comunidad puede reclamar su propio «derecho a decidir».

Puede que el sanchismo obtenga un éxito mediático a corto plazo, pero el PSOE saldrá seriamente debilitado en su coherencia y credibilidad. Quizás hemos entrado en una fase de política líquida y utilitaria que está empapando con su lluvia fina a los ciudadanos. Y puede que Sánchez se libre de pagar en las urnas el precio de su despropósito. Ya se verá. Pero es indudable que en la ecuación Estado-secesión ganan los nacionalistas. Como se ha podido acreditar a lo largo de la etapa democrática, la periferia soberanista tiene una enorme capacidad para aprovecharse de los momentos de debilidad del Estado. Como Marruecos. Un estado débil, reflejo de un gobierno de fragmentación y aluvión de intereses particularistas, es fácil presa de todos los caciquismos locales que lo someten a un chantaje permanente.

Sánchez presenta las medidas de gracia como el preámbulo del reencuentro, la concordia y la normalización de los indepes. Pero se acaban de cumplir doce años de la premonición de Zapatero cuando dijo que su gobierno aceptaría lo que se decidiera en el Parlament. «Dentro de diez años España será más fuerte y Cataluña estará más integrada», profetizó. Es fácil hacerse trampas al solitario cuando quieres permanecer en el poder aunque para ello tengas que ceder principios, valores y soberanía. El presidente dijo en el acto de presentación de los indultos en el teatro Liceu que va a cambiar el país. Que tiene un nuevo proyecto de país. La pregunta es: ¿Quién le ha pedido que cambie el país? ¿Se ha presentado a las elecciones prometiendo cambiar el país?

Pronto sabremos, mesa de diálogo y negociación mediante, si esos eufemismos encierran otros planes. ¿En qué dirección piensa cambiar el país? Porque si el cambio es para alterar el pacto constitucional del 78 no tiene ni el mandato ni la fuerza parlamentaria necesaria. A no ser que piense hacerlo por la puerta de atrás. El independentismo ilegal estaba contra las cuerdas y perdiendo apoyo social, con la aplicación del 155, la sentencia del Supremo, la huida de Puigdemont y la indiferencia internacional. Con los indultos, Sánchez, les ha dado un balón de oxígeno.