La exconsellera de Trabajo fue condenada a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con un delito de malversación. El Supremo sentenció que adoptó las decisiones ejecutivas necesarias para poder celebrar el 1-O, ya que cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación. Esa jornada pretendía «evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el cierre de los centros de votación». El Supremo consideró probado que ella fue la responsable

de la campan̂a Escoles Obertes, para la ocupación de los locales de votación. «La finalidad era precisamente hacer posible su mantenimiento en condiciones de disponibilidad para la logi̇stica de la votaciȯn».

Para lograrlo «avocó para sí la competencia ordinaria de los directores responsables de los centros afectados». Logró «conjurar todo riesgo de cierre que quisieran llevar a cabo las unidades de Mossos u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». En su última palabra apeló al Tribunal Suoremo a reflexionar porque «su sentencia no será solo mi libertad, sino la de muchas generaciones».