El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana fue condenado a nueve años de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta como dirigente de la sedición. El Gobierno justifica su indulto en que es «una persona clave en la restauración de la convivencia», debido a que es un «destacado referente social» en el independentismo –es el secretario general de Junts– sin que exista «riesgo de reincidencia», aunque «no puede hablarse de arrepentimiento». Para el Supremo, se encargó de la «promoción y liderazgo» de la concentración de protesta que se produjo en septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía. «Asumió de forma voluntaria (...) la promoción y el liderazgo de la concentración».

Con el fin «de lograr una participación relevante en la consulta presentada como la expresión ‘derecho a decidir’», Sánchez activó su organización «al servicio de la maniobra de presión política que había sido ideada de forma concertada con el resto de los acusados». En la «hoja de ruta» de la ANC preveía «la posibilidad de que la Generalitat fuera intervenida política y jurídicamente por el Estado español» y proponía la resistencia de «la ciudadanía como el agente político que impulsa el proceso».