El presidente de Òmnium Cultural fue castigado a nueve años de cárcel y de inhabilitación absoluta como dirigente de la sedición. El Gobierno justifica la medida de gracia en que tiene una «posición preeminente», «no ha vuelto a instigar o cometer un acto delictivo» y su liberación es de «interés público». Según la sentencia, Cuixart alentó un «levantamiento tumulturario» en octubre de 2017. Su actuación da el «salto» desde las llamadas de protesta y la movilización, que consideran «legítimas», a «empujar» a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la «resistencia activa, a la oposición por vías de hecho» contra cualquier decisión judicial que cuestionara la celebración del referéndum ilegal. Como Sànchez, puso su asociación al «servicio de la maniobra de presión política de las autoridades del Parlament» para convocar una «participación relevante» en la consulta.

Su «contribución resultaba decisiva» y dirigió «la vanguardia para la movilización ciudadana» , como la que cercó la sede de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda cuando la Guardia Civil practicaba un registro judicial previo al 1-O. «Lo volvería a hacer, no me arrepiento», dijo en el juicio.