El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reafirmó ayer en el Parlamento en la buena gestión de su Gobierno en relación a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo la tutela de las islas al margen del incidente de Porto Bello. Un caso frente al que el Ejecutivo reaccionó con la puesta en marcha de dos inspecciones y una investigación interna que, según afirmó el presidente, no traslada lo que reconocía la denuncia anónima recibida el 31 de mayo aunque, en cualquier caso, está en manos de los órganos judiciales pertinentes. «Se actuó acorde a lo que se requería y, de hecho, los propios trabajadores del centro trasladaron su agradecimiento por correo electrónico a la dirección general de Protección a la Infancia el pasado 14 de junio», insistió.

Torres respondió así a una pregunta de la presidenta del grupo parlamentario Popular, Australia Navarro, que criticó falta de contundencia en la respuesta del presidente para evitar las especulaciones alrededor de un «escándalo difícil de ocultar». A su juicio, este solo es un síntoma de un sistema de tutela deficiente que ya ha causado numerosos conflictos y, por tanto, pidió asumir responsabilidades.

En este sentido, cuestionó la confianza que el presidente debería tener en la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, a raíz de la polémica con la Fiscalía de Las Palmas. «¿Cree que debe formar parte de su Gobierno cuando los colectivos cuestionan la capacidad de gestión de un área que en última instancia es de su responsabilidad?», insistió Navarro. «Son muchas meteduras de pata, así que actúe ya, que por mucho menos le indicó la puerta de salida a las consejeras de Sanidad y Educación».

El presidente canario defendió

Denuncia. El 31 mayo el Ejecutivo recibió una denuncia anónima alertando de posibles abusos a menores en un centro.

XAcciones. Torres asegura que se realizaron dos inspecciones y una investigación, ahora en manos judiciales.

XVolumen. El archipiélago tutela actualmente unos 2.500 menores alojados en 29 dispositivos de emergencia.

XGestión. Ante unas cifras que consideran inasumibles plantean un reparto entre territorios regulado por ley.

Xla labor de la Consejería y del Gobierno poniéndose en perspectiva con Ceuta. A la ciudad autónoma han llegado más de mil menores, de los que 800 se han instalado en centros deportivos y según informaciones publicadas por el fiscal carecen de servicios de educación y medios suficientes, además de que alrededor de 200 de ellos han desaparecido.

«¿Culparía al presidente de Ceuta de esta situación?. Seguramente no, porque es del Partido Popular, esa es la diferencia», espetó Torres pidiéndole rigor en las afirmaciones, en espacial sobre un tema que señala delicado. El presidente canario criticó así los constantes reproches del partido de Navarro en materia de inmigración y llamó la atención sobre los 29 dispositivos de emergencia que actualmente acogen a unos 2.500 menores en las islas. Una cantidad que en varias ocasiones el Gobierno ha asegurado que es «inasumible», por lo que apuestan no por un reparto solidario sino por una ley que obligue a las comunidades autónomas a compartir la responsabilidad para aliviar la presión de los territorios fronterizos.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, también se mostró confiada en la buena gestión al afirmar que, al contrario que en legislaturas pasadas, hay «total transparencia» respecto a los centros de menores. Respondía de esta manera a las críticas del diputado popular Poli Suárez sobre las declaraciones del secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, desdramatizando la situación. «O no entiende lo que está pasando o le da absolutamente igual», afirmó Suárez, quien considera que las autoridades nacionales repiten un mismo patrón. «Canarias se encuentra sola y abandonada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, por cierto, sí que fue a visitar Ceuta», añadió. Por su parte, Santana reconoció no estar de acuerdo con estas declaraciones.