El exconseller de Exteriores fue condenado a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con un delito de malversación por los gastos del 1-O. Para el Tribunal Supremo, su papel estaba enficado al exterior, como responsable de «asumir la estrategia» del

Govern para legitimar el referéndum y desde esta posición «intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una república catalana» y «relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular». Además, llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían «credibilidad si no apoyaban el referéndum».

En los «hechos probados» se determina que Romeva «dispuso que, a través de Diplocat, se invitara a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional del acto ilegal» y presentó el «censo universal», un «eufemismo» para contravenir los «censos legítimos» electorales. También fue uno de los líderes que comunicó al Parlament, el 6 de octubre, «el resultado del referéndum», afirmando que había ganado el ‘sí’ con un 90,1% de los votos emitidos. Está en prisión desde marzo de 2018, después de una primera detención en noviembre de 2017.