Tras los indultos, la siguiente pantalla para el independentismo, además de Carles Puigdemont, se llama amnistía. El Gobierno recuerda que no cabe en el ordenamiento jurídico, pero los secesionistas reclaman una ley como la de 1977 para dar una respuesta a los más de 3.000 represaliados, según las cuentas de ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium, víctimas del ‘procés’.

En esa lista, se incluye a los condenados por el Tribunal Supremo, ahora indultados, los fugados Puigdemont, Ponsatí, Puig, Comín, Gabriel, Rovira y Valtonyc, la inhabilitación de Quim Torra, las decenas de personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, los más de 700 alcaldes imputados, condenados o procesados por colaborar con el 1-O, así como la anterior cúpula de los Mossos, juzgada y absuelta por la Audiencia Nacional, o los exmiembros de la Mesa del Parlament, que fueron condenados por desobediencia, los integrantes de la sindicatura electoral del 1-O y los más de 700 ciudadanos investigados en diferentes causas relacionadas con el ‘procés’, ya sean activistas de los CDR en las protestas o en las acciones de Tsunami Democràtico.

En lo que Òmnium Cultural llama el ‘mapa de la represión’ incluye también las mil personas que resultaron heridas el 1-O (la mayoría leves) y las cerca de 400 que también sufrieron daños en los enfrentamientos con la Policía en las protestas que se produjeron como respuesta a la sentencia del ‘procés’, en 2019.

El último caso judicial relacionado con el desafío secesionista es el del exconsejero de Interior durante el mandato de Torra, Miquel Buch. La Fiscalía pide seis años de prisión para él por facilitar escolta de los Mossos a Puigdemont durante su huida a Bruselas. Está acusado de prevaricación y malversación.

La segunda línea

Aún queda pendiente además la macro causa que se instruyó en el juzgado 13 de Barcelona, el primero que empezó a investigar penalmente el referéndum ilegal del 1O. En este proceso serán juzgadas en la Audiencia de Barcelona 29 personas, la mayoría eran altos cargos del Govern durante los hechos de octubre de 2017. Son la segunda línea del Ejecutivo, colaboradores estrechos de los consejeros, desde directores generales, secretarios generales o incluso responsables de los medios de comunicación públicos. Se sentarán en el banquillo por malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación, acusados de participar en los preparativos del 1- O. Entre ellos está la actual consejera de Cultura, Natalia Garriga.

Están cerca de juicio también dos diputados de ERC, Josep María Jové y Josep Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Oriol Junqueras durante octubre de 2017. Jové es ahora presidente del grupo republicano en el Parlament y uno de los pesos pesados de Esquerra. Están procesados por el Tribunal Superior de Catalunya por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

Hasta 29 ex altos cargos del Govern aguardan juicio por malversación y desobediencia