La Concejalía de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha encargado un estudio económico y ha iniciado un expediente para sacar a concurso la gestión de los aparcamientos en zona azul en el municipio. Aunque días atrás desde el consistorio santaluceño se informó por error de que el servicio ya no estaba operativo y de que tampoco existía ya la empresa que lo gestionaba, desde el gobierno municipal aclararon ayer que la prestación sigue activa y que, además, continuará en manos de su actual concesionaria, Insular Asistencia SL, hasta el próximo 1 de octubre. Es decir, que los trabajadores del servicio seguirán hasta esa fecha cobrando a los usuarios con normalidad por el uso de esas plazas.

El gobierno local inicia estos trámites para la regularización del servicio a raíz de que, a requerimiento de la Intervención municipal, el área de Patrimonio en el Ayuntamiento advirtiese de que las prórrogas que del contrato del servicio se han hecho en los últimos años «han provocado una situación que exige una actuación inmediata por parte de la administración», según se explica de forma textual en una nota.

Fue Manuel Hernández, de AV, en la oposición, el que sacó a la luz pública el pasado 22 de julio la incertidumbre generada respecto a esta gestión del cobro de las zonas azules después de comprobar, por la lectura de las actas, que en la sesión de la Junta de Gobierno Local del 23 de junio anterior el gobierno municipal había declarado extinguido el contrato de concesión de servicio de aparcamientos controlados de Vecindario y zonas aledañas que se venía prestando desde el año 2000. En ese mismo acuerdo, según Hernández, se advertía a la concesionaria de que debería dejar el servicio e1 de octubre de 2021. Acto seguido, AV publicó un comunicado en el que reprochaba al grupo de gobierno que tras esta decisión estaba obligando al despido de los 25 trabajadores con discapacidad intelectual que prestan a diario este servicio. Para evitarlo, instaba al consistorio a sacar a concurso un nuevo contrato con la mayor celeridad posible para que, con independencia de quien fuera el adjudicatario, esos 25 trabajadores fueran subrogados.

«Situación antijurídica»

Explica Hernández que, por lo que reza en el informe de la interventora municipal, aquel primer contrato, que duró 5 años, fue anulado mediante decreto y que, apenas 15 días después, fue prorrogado. Y que en esa situación lleva 16 años. «No se puede porrogar algo que no existe», apunta Manuel Hernández, quien señala que es por esa razón por la que la interventora advirtió de la irregularidad en la que se hallaba este expediente. «La expresión que usa es la de que se está produciendo una situación antijurídica», añade Hernández.

Lo cierto es que, dado ese informe de la interventora, y el posterior del área de Patrimonio del que ayer informó el gobierno local, el ejecutivo que preside Santiago Rodríguez se vio obligado a aprobar en Junta de Gobierno la extinción de aquel primer contrato y a acelerar los trámites para sacar a concurso uno nuevo. Según AV, la interventora también echó de menos en el contrato inicial un estudio económico de explotación para fijar el canon que debía abonar la empresa, estudio que ahora el Consistorio sí ha encargado. Además, el gobierno local dejó patente ayer su voluntad de que ese servicio sea prestado por empresas de inserción social o centrales especiales de empleo.