El caso de la denuncia del juez Ricardo Fiestras contra los agentes de la Guardia Civil que le denunciaron por participar en una fiesta ilegal el pasado 18 de febrero, cuando la isla se encontraba en fase cuatro de confinamiento, y que derivó a su vez en una denuncia cruzada por parte del magistrado contra esos mismos agentes, ha llegado hasta la Cámara Alta, donde el senador de las Corts Valencianes, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, Carles Mulet García, ha elevado varias preguntas al Gobierno central para que explique varias cuestiones sobre el expediente disciplinario abierto a dos de los agentes.

En concreto el senador pregunta: ¿Cómo es posible a que a los miembros de la Guardia Civil que son trabajadores y cumplen su función se les ataque de esta manera por parte de la Dirección General de la Guardia Civil? ¿Esto es franquismo al estilo de Usted no sabe quien soy yo? ¿Ha puesto el Gobierno al tanto de lo que el Juez Fiestras ha hecho al okupa Señor Lesmes del CGPJ para que se le investigue? ¿Cómo es posible que no se apoye a la Guardia Civil un gobierno que dice ser el mas progresista de la historia?

En su interpelación el senador expone citando a este periódico, los antecedentes del caso así como el contenido del expediente abierto a los agentes, una vez el juez elevó una queja contra ellos el 9 de marzo. En dicho expediente se hace constar que un cabo y un agente pueden terminar siendo sancionados al entender el instructor que ambos pudieron cometer una infracción grave que podría suponerles desde cuatro días de sanción a la pérdida del destino. Asimismo, el instructor de la información reservada llevada a cabo con carácter previo a este expediente, propuso desmantelar todo el Grupo de Intervención Rápida (GIR) que actuó en la supuesta fiesta ilegal. A su juicio, no era «profesional ni leal al mando, ni dejan en buena imagen a la institución» que ante «la actuación reprochable de algún componente del grupo, todos mantengan un cierto ‘código de silencio’», en referencia a que los agentes investigados hicieron uso de su derecho legal de no declarar cuando fueron citados por el instructor.

Además el expediente destaca que, tras la investigación abierta no fue posible «constatar el agente o persona que filtró los vídeos de la actuación policial», aunque sí localizaron al agente que los grabó y al cabo primero responsable del operativo, que son los dos expedientados.

En este documento el instructor deja claro que en la actuación de los agentes no observó «palabras malsonantes o vejatorias contra las personas involucradas» en la presunta fiesta ilegal, como así denunciaron los implicados en su queja usando el término «gravemente desproporcionada y disconforme en derecho». Los comentarios que se escucharon en los vídeos fueron meras «expresiones espontáneas» que nunca debieron salir a la luz en una actuación que no fue «reprochable disciplinariamente».