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El Tribunal de Cuentas archiva la investigación sobre el rescate a Plus Ultra

M. A. ALFONSO

El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar la investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra que costó 53 millones de euros al fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta se inició a raíz de una denuncia de Ciudadanos. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se descarta la tesis del partido naranja sobre un presunto menoscabo de fondos públicos. Desde Ciudadanos, sin embargo, han previsto presentar un recurso contra esta decisión.

La denuncia fue presentada por la presidenta de la formación, Inés Arrimadas; su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio. Ayer, la resolución zanjó que «la ayuda financiera percibida hasta el momento por la empresa Plus Ultra, por importe de 19 millones de euros, es un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos».

El rescate de la aerolínea ha suscitado una gran polémica en el Congreso al tratarse de una compañía casi desconocida en el sector. Desde que se aprobó este rescate, los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) lo criticaron por considerar que Plus Ultra no era estratégica ni solvente: requisitos para acceder a las ayudas de la SEPI.

El asunto está también en manos de los juzgados ordinarios.

La semana pasada, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenó suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

Ayuda paralizada

Según la juez, «el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participati

vo previsto para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificado, habida cuenta de la existencia de este procedimiento» judicial.

La Abogacía del Estado se postuló en vano en contra de esa decisión con el argumento de que el apoyo finaciero cumplió de forma «rigurosa» con los criterios técnicos y el aviso de que sin esa nueva entrega se podría abocar a la empresa a la quiebra y privar al Estado de la devolución futura del préstamo.

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2021-07-27T07:00:00.0000000Z

2021-07-27T07:00:00.0000000Z

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