Los interinos de la Comunidad Autónoma volvieron a protestar ayer, esta vez en Las Canteras, por el «abuso de temporalidad».

Las trabajadoras y los trabajadores públicos canarios se volvieron a concentrar ayer en Las Canteras para reivindicar que «el abuso de temporalidad no lo paguen los trabajadores, sino la administración pública que es quien ha incumplido», apunta uno de los portavoces de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley (Pefralca), José Antonio Valido, quien añade además que así lo determina la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea. Él junto con Conchi Macías, ambos del servicio canario de empleo, Yolanda Cívicos y José Giménez del servio de dependencia y Araceli Morales y Agustín Hernández de la consejería de educación, reivindicaron ayer el futuro de sus trabajos no solo en tierra, también durante una hora dentro del mar.

Desde enero los empleados públicos afectados están en huelga y la semana pasada las organizaciones sindicales Sepca, Co.bas e Intersindical Canarias junto con el Gobierno canario firmaron un acuerdo para poner fin al abuso de temporalidad en el sector de la Administración General de la Comunidad Autónoma. «Se ha iniciado una mesa de trabajo para identificar a las personas afectadas en abuso de temporalidad y esperamos que pronto empiece la segunda para tratar la vía jurídica», señala Valido.

«Si el 11 de enero no hubiésemos empezado la huelga conjunta con los tres sindicatos ya tendríamos unas ofertas públicas de empleo publicadas y estaríamos todos en la calle», dice la delegada de Intersindical Canarias, Rita Moreno, que trabaja en la administración desde 1997.

Moreno explica que no están pidiendo ser funcionarios ni personal fijo, sino la permanencia en sus puestos hasta la jubilación. «Seguiremos hasta que consigamos nuestro objetivo porque estamos hablando de nuestro trabajo, de nuestras familias, de nuestra dignidad, de que nos van a arruinar nuestras vidas. No nos queda más remedio que llegar hasta el objetivo final, hasta que consigamos que el Gobierno de Canarias cumpla el acuerdo que firmó con nosotros y que se certificó en abril», añade.

«Lo que la gente no entiende es que nosotros nos examinamos en su día, nadie nos regaló nada. Cuando yo me presenté eran más de ocho mil personas», dice Isabel Vega, una de las personas concentradas ayer en Las Canteras y que lleva 22 años trabajando en el sector de las políticas sociales.

A ella le «parece bien» establecer como posible solución la figura del empleado público a extinguir.

Mayores de 50 años

María Dolores Díaz, delegada de Intersindical Canarias, sostiene que en la administración general son casi 4.000 las personas afectadas por abuso de temporalidad: «En el resto de administraciones suman mucho más, tenemos ayuntamientos que tienen hasta el 70%».

«Lo que quieren es cargarse a muchas personas que tienen más de 50 años y que llevan 20 o 30 trabajando en abuso de temporalidad, entre ellos el 70% son mujeres», señaña Díaz quien considera que el Gobierno canario tiene que hacer una normativa propia, «en la que nosotros exigimos que se cumpla la directiva y las leyes europeas porque están por encima de la Constitución española».

Todos los meses las personas afectadas hacen un día de paro parcial y cuatro seguidos de paro total. Hoy seguirán con las protestas y a las 18:00 se concentrarán delante del Cabildo de Gran Canaria, una manifestación en la que se les unirá personal de los ayuntamientos y cabildos y que finalizará en la Presidencia del Gobierno canario. Mañana también estarán en la plaza de Derechos Humanos de la capital grancanaria.

En la administración general hay casi 4.000 personas afectadas por abuso de temporalidad, según fuentes sindicales