El Gobierno ha respondido que: «El expediente se ha incoado para depurar posibles responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse del tratamiento que, por parte de ciertos agentes actuantes, pudiera haberse realizado con las imágenes grabadas durante la intervención. Dicho expediente está en fase de instrucción y afecta a dos agentes. En ningún caso se ha puesto en cuestión la intervención de estos que se ha considerado procedente y oportuna».