El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado que el sistema ideado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para financiar el bono social eléctrico era contrario a la legislación comunitaria debido a su carácter «discriminatorio», puesto que tenían que pagarlo solo las grandes compañías, y libraba al resto de esa obligación.

La Justicia europea confirma así su dictamen después de que el Tribunal Supremo se lo pidiera. Ahora será este alto tribunal el que deba resolver el recurso planteado por E.ON España (actualmente Viesgo Infraestructuras

Energéticas) contra el decreto que fijaba la metodología para el cálculo de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

En una sentencia emitida en 2016, el Supremo ya dio la razón a las eléctricas y tumbó este régimen de financiación, pero un fallo posterior del Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo interpuesto por la Administración General del Estado. El problema fue, precisamente, que no se había preguntado al tribunal de Luxemburgo.

El Supremo preguntó al TJUE si es compatible con las reglas europeas una normativa nacional que hace recaer la financiación del bono social sobre determinadas empresas, algunas de las cuales con «muy escaso peso específico» en el sector, mientras quedan eximidos otros agentes que «pueden estar en mejores condiciones de asumir ese coste». El TJUE declara que la directiva europea se opone a que el coste de la financiación del bono social «se haga recaer únicamente en las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica».

Este bono es un descuento que se aplica en la tarifa regulada (PVPC) de entre un 25% y un 50% en la parte de consumo energético. Está destinado a los colectivos vulnerables con menos ingresos. Actualmente son más de 1,3 millones de hogares los que se encuentran acogidos a esta medida de alivio energético.