Lo que no fue posible en meses o, en algunos casos, como el del Constitucional, años, lo fue en apenas 24 horas. El Gobierno y el PP anunciaron ayer al mediodía un acuerdo que permitirá proceder al relevo pendiente de cargos en ese tribunal, en el de Cuentas, en el Defensor del Pueblo y en la Agencia de Protección de Datos. El pacto se fraguó de manera exprés después de que Pablo Casado retara a Pedro Sánchez a sentarse a negociar durante la sesión de control al Ejecutivo del miércoles. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años con el mandato caducado, sigue, sin embargo, bloqueada.

Los populares insisten en no negociar sobre el órgano de gobierno de los jueces hasta que el Ejecutivo se comprometa a hacer reformas legales para avanzar en su «despolitización» e «independencia». Sin embargo, ayer se vanagloriaron de haber demostrado con el movimiento «audaz» de su líder que son un partido responsable y con sentido de Estado. «Este acuerdo es un ejemplo de que el PP está y estará en los grandes acuerdos y los grandes consensos que sirvan para reforzar la institucionalidad de España; una de las claves de nuestra reciente convención», adujo el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Los nombres de las personas que estarán al frente de los distintos organismos no han sido aún revelados pero, según ambas partes, se darán a conocer en los próximos días. La intención es que puedan ser designados por la mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, en una sesión plenaria que tendrá lugar en la semana del 25 de octubre. El ministro de la Presidencia y muñidor del acuerdo junto a García Egea, Félix Bolaños, admitió que si tan rápido entendimiento ha sido posible es porque no se partía «de cero» y las conversaciones quedaron «muy avanzadas» en el intento de renovación de febrero.

Hace ocho meses, los dos grandes partidos ya abrieron una negociación global como esta última, solo que entonces hablaron también del Poder Judicial. Fruto de ella se acordó la renovación del Consejo de RTVE pero el choque en la designación de vocales del órgano de gobierno de los jueces y la negativa del PSOE a aceptar el veto del PP sobre los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada dinamitaron las conversaciones.

Bolaños argumentó ayer que si ha sido posible el acuerdo que permitirá sustituir, después de casi dos años, a un tercio del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, o acabar con la interinidad del Defensor del Pueblo, que lleva más de cuatro años en funciones, es por el «cambio de actitud» del PP. Y se mostró confiado en que esa «rectificación» abra también una «ventana» que permita desencallar la negociación del CGPJ.

No todos los socialistas son, sin embargo, tan optimistas. Algunos remarcan que el relevo de cuatro magistrados del Constitucional no alterará las mayorías vigentes, como sí ocurriría en el caso del

Poder Judicial, que debe remplazar a toda su cúpula. El ministro de Presidencia, sin embargo, insistió en que la renovación es una obligación constitucional y aseguró que no tirará la toalla. Eso sí, dejó claro que el PSOE no votará a favor de un sistema de elección

Los relevos, aún sin concretar, se aprobarán por el Congreso y el Senado en la semana del 25 de octubre

Los populares presumen de aislar a Podemos y el partido de Belarra dice que Bolaños también negoció en su nombre