El Tribunal Supremo comunicó ayer la sentencia que pesa sobre el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez –en la que le condena por un delito de atentado a agente de la autoridad– a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y a la Junta Electoral Central (JEC). Ambos organismos deberán ahora determinar si el parlamentario morado pierde o no su escaño, ya que la sentencia conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, es decir, no puede ser elegido para cargo público durante la duración de la misma (un mes y quince días, sustituida en su caso por multa de 540 euros).

Paralelamente, Rodríguez envió un escrito a la Mesa del Congreso para informar de que el miércoles procedió al pago de la multa que establecía como condena la sentencia del Supremo. Por lo que da por saldada la cuestión e intenta evitar la pérdida de su asiento en el parlamento.

En Unidas Podemos también dan por cumplida la condena y siguen considerando que la decisión del Supremo se trata de «una sentencia injusta y vergonzante para nuestro país», y que esta se basa «en acusaciones falsas» al considerar que el juez aceptó solo la versión del Policía como prueba fundamental. «El objetivo es criminalizar su labor política, el activismo social y atacar el derecho a manifestación», mantienen fuentes del grupo confederal en la Cámara baja. Todo ello, pese a que el alto tribunal consideró probado que Rodríguez golpeó en 2014 a un agente de policía durante una manifestación contra la Lomce en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Independientemente de la valoración de la sentencia, en contra de que Rodríguez pueda mantener su acta de diputado juegan la jurisprudencia. En los casos anteriores, como con el expresidente catalán Quim Torra en el Parlament o el diputado republicano Joan Josep Nuet en el Congreso, la JEC dio por perdido el escaño por inelegibilidad sobrevenida, ya que la Ley Electoral (LOREG) indica que son inelegibles los condenados por sentencia que conlleve «inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo» o para ejercer un cargo público.

Sin embargo, en el caso concreto de Rodríguez la duda salta porque el Supremo ha sustituido la cárcel por multa y la JEC y el Congreso podría entender que bastaría con una suspensión temporal de sus funciones y derechos. A eso se aferran en Unidas Podemos, que subrayan que la sentencia del Supremo, al sustituir la prisión por multa, no permite aplicar la inhabilitación absoluta que conllevaría la pérdida inmediata del escaño como ocurrió en los casos anteriores.

Aplausos en el hemiciclo

Mientras se dirime su futuro parlamentario, la intervención del diputado de la formación morada ayer durante el Pleno de la Cámara baja fue muy aplaudida por sus compañeros de grupo y algunos parlamentarios del PSOE. Durante su alocución en la tribuna se escucharon también permanentes murmullos, correspondientes a los diputados de Vox, que ya pidieron hace unos días a la Mesa del Congreso que retiraran «inmediatamente» la condición de parlamentario de Rodríguez. «Le felicito por la que, espero, sea su última intervención en esta cámara. Le deseo lo mejor, señor Rodríguez, pero fuera de este hemiciclo», le respondió el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.