El Tribunal de Cuentas rechazó ayer los avales presentados por la Generalitat a la fianza millonaria que el organismo fiscalizador impuso a una treintena de dirigentes independentistas, entre otros Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

El Tribunal de Cuentas les investiga por una presunta malversación en la internacionalización del ‘procés. Entre otras cuestiones, indaga un contrato de la administración catalana con un lobby anglosajón para crear un clima favorable al desafío soberanista. El organismo debe determinar la presunta existencia de responsabilidades contables y patrimoniales, pero no penales. A la espera de la resolución de la causa, aún en fase de instrucción, el organismo fijó una fianza provisional a los 34 investigados de 5,4 millones.

Se trata de una medida cautelar, nadie pierde su casa de forma definitiva. El Govern buscó bancos que avalaran esta fianza millonaria, pero no encontró ninguna entidad que saliera al rescate. Por ello, decidió avalar la fianza con un fondo público de 10 millones, creado a través del Instituto Catalán de Finanzas, organismo dependiente de la Consejería de Economía. El Gobierno no impugnó el fondo al Constitucional, pero sí en cambio el PP. Ciudadanos

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó ayer de forma categórica un eventual indulto anticipado. «No fuimos al exilio para reclamar un indulto, no es la solución al conflicto», aseguró en un artículo en el ‘Punt-Avui’, dos semanas después de su comparecencia ante

lo llevó a la Fiscalía. El Tribunal de Cuentas elevó una consulta a la Abogacía del Estado para que emitiera un informe sobre la legalidad del aval del Govern. La Abogacía concluyó que no era procedente emitir un informe pues tiene la condición de parte en la causa. El fondo del ICF contó con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias.

Ahora, el Tribunal de Cuentas ha resuelto que el Govern no puede pagar una fianza con dinero público. Según el organismo, el la justicia italiana, que decidió suspender su extradición a España a la espera de que resuelvan los tribunales europeos sobre su inmunidad o las prejudiciales solicitadas por el juez Llarena.

En el segundo aniversario de la sentencia del Supremo contra los líderes del ’procés’, que les condenó a penas de nueve a trece años de prisión por sedición, Carles Puigdemont reclamó a Pere Aragonès que su situación personal «no forme parte de ninguna agenda de la denominada mesa de diálogo, ni de ninguna conversación bilateral». La posición de Puigdemont contrasta con la que

ICF no puede «amparar» con fondos públicos «conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave».

Tras rechazar los avales del Govern y «al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables», el organismo fiscalizador anunció que «procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales». han defendido hasta la fecha su partido y el presidente de la Generalitat. Tanto Junts como ERC llevaban meses reclamando una solución para el expresidente y advertían de que el conflicto no podía resolverse si no se hallaba una solución política para el expresidente. La semana pasada, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en RTVE que le constaba que hay gente trabajando y pensando en una salida jurídico-política para el dirigente nacionalista.

Tras el encuentro que mantuvieron Pedro Sánchez y Pere Aragonès en el mes de septiembre en De los 34 encausados, 28 se acogieron al aval de la Generalitat y son los que corren el riesgo de ser embargados de forma cautelar. En otras ocasiones y en otros procesos judiciales, como el del 9-N, las multas las pagaron con las aportaciones de la militancia secesionista a una caja de solidaridad. La ANC informó que en este caso no puede asumir el pago y que los encausados lo harán presentando sus «propiedades inmobiliarias» como avales.

«Las casas de nuestros hijos»

El expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, denunció que a su juicio «la persecución contra el independentismo persiste y se intensifica». Dos años después de la sentencia del Supremo contra los líderes del ‘procés’, «ahora, nos embargan incluso las casas donde viven nuestros hijos», afirmó. «Estamos en el peor de los escenarios por la indefensión», aseguró Artur Mas. «El Tribunal de Cuentas no acepta unos avales de la Generalitat que son legales, porque nadie ha presentado recurso alguno. Y procederá a un embargo inmediato de nuestros bienes y probablemente de salarios», lamentó. Mas presentará su casa como garantía de pago.

El Govern, mientras, defendió el fondo y dijo que se trata de «un mecanismo sólido jurídicamente», legal y plenamente vigente. Según la Generalitat, el Tribunal de Cuentas ha adoptado una decisión política con ánimo de «venganza». El consejero de Economía, Jaume Giró, anunció un recurso contra la resolución del ente fiscalizador y la vinculó al hecho de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para su renovación. el Palau de la Generalitat, el día en que se reactivó la mesa de diálogo, el president dejó entrever que Puigdemont formó parte de las conversaciones.

Puigdemont, no obstante, en su artículo, reclama al líder republicano que le excluya de la mesa «por si ha tenido o tiene la tentación de incluir esta ‘salida personal’ en las conversaciones». Y se ofrece para negociar de manera personal la amnistía con el Gobierno. La prioridad es la resolución del conflicto político, expresó, que pasa a su juicio por la amnistía y la autodeterminación. A los dos años de la sentencia del Supremo, Puigdemont vuelve a reivindicar su estrategia de confrontación, en contraposición a los nueve presos del ‘procés’ que decidieron no huir junto a él y asumir los responsabilidades judiciales.