La querella insiste en que el asesinato de Juan María Pedrosa, en modo alguno, fue un «acto aislado», sino un eslabón más de una cadena de la «gran persecución, aun impune», dirigida particularmente por dos de los querellados, ‘Iñaki de Rentería’ y Olarra

Guridi. Ambos, sostienen la acusación popular, llevaron al extremo la campaña de acoso a los miembros del Partido Popular entre el 4 junio de 2000 (el asesinato del propio Pedrosa) y 6 de mayo de 2001 (asesinato en Zaragoza del presidente del PP aragonés Manuel Giménez Abad).

Recuerda el escrito que la ponencia ‘Oldartzen’, aprobada por HB en 1994 y en la que se abogaba por «socializar el sufrimiento», entre ese 1994 y el año 2000 (en siete años) se saldó con siete atentados (consumados o intentados) ideados para matar a otros tantos políticos populares, empezando por Gregorio Ordóñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, asesinado el 23 de enero de 1995.

El ritmo de atentados contra el PP para provocar la estampida del País Vasco y Navarra, sin embargo, se aceleró al máximo tras el asesinato de Pedrosa. En los once meses siguientes hubo ataques (consumados o intentados) para acabar con la vida de otros tantos miembros del PP. En seis de estos casos, los etarras consiguieron sus objetivos con atentados mortales también en Cataluña, Andalucía o Aragón.

«¿Cómo es posible que ‘Iñaki de Rentería’ y Olarra aún no hayan sido investigados como los dirigentes y auténticos autores detrás del autor de toda esa cacería de seres humanos inocentes?», se pregunta la querella.