Andrés Múñoz, portavoz del proyecto Cuna del Alma, afirma que las obras no están paralizadas, aunque reconoce que “estamos en un proceso complicado, porque hay personas que se han instalado en un campamento, produciéndose agresiones y coacciones a los trabajadores, aunque hasta que un juez no decida la Policía no les puede echar”. Del expediente de sanción abierto por Patrimonio Múñoz aclara que “la hemos recurrido, por entender que es una falta leve y no grave; el yacimiento solo afecta al 2% de la finca y solo se destruyeron 50 metros cuadrados de 400.000”.

Canarias y lo ha dicho el Cabildo, no hay motivos legales para parar el proyecto. El expediente se ha hecho tal y como marcan todos los procedimientos y lleva tramitándose más de 8 años en los que ha sido supervisado y vigilado por diferentes organismos y funcionarios públicos. El Ayuntamiento de Adeje tiene el deber y la obligación de proteger la legalidad y la normativa vigente. Este proyecto ha superado todos los filtros, no solo del Ayuntamiento sino del resto de administraciones implicadas, por lo tanto no podemos actuar de manera caprichosa o irresponsables sin tener en cuenta esas circunstancias”.

Y sobre la acampada de ecologistas que tratan de paralizar las obras, solicita “tranquilidad y sosiego a las personas que están en contra del proyecto. No se puede perder el respeto ni actuar de manera desproporcionada o violenta contra una propiedad privada o contra el derecho al trabajo. Vivimos en un estado de derecho y quien no esté de acuerdo con algo tiene vías y cauces democráticos y legales para expresar su opinión y revertir la situación”.

La única voz discordante sobre el proyecto Cuna del Alma, en el Ayuntamiento de Adeje, la representa Gabriel González, concejal de Podemos, quien ha solicitado la dimisión de Manuel Luis Méndez, tras conocerse la apertura de un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural con una cuantía de 600.000 euros. Para González es una gravísima situación que “se veía venir de lejos”, ya que el municipio de Adeje carece de instrumentos de protección que la legislación obliga a elaborar.