La propuesta regeneracionista del PP ha consistido, como era de esperar, en una obscena provocación y en un alarde de cinismo que supera -y no es fácilsus más altas cotas de estos últimos años. La democracia constitucional es un sistema de convivencia y de gobierno propio de una comunidad política civilizada y adulta, inviable en sociedades desgarradas internamente por graves desigualdades sociales. Sean actuales o pretéritas. Exige, por tanto, el respeto a la inteligencia de las personas y el abandono de los intentos de infantilizar a sus miembros y del recurso sistemático a la mentira como herramienta política.

Elpartidopopularcalificade“plandecalidadinstitucional”paralaregeneracióndemocrática frente a una erosión institucional (al parecer sobrevenida desde que los conservadores perdieron el poder como consecuencia deunamocióndecensura,presentada frente aunasituacióndecorrupciónasfixiante), calificando de entrada al actual Gobierno no solo de“haberabdicado”desuresponsabilidadde cuidar de las instituciones, sino de ser el “principal promotor” de su deterioro.

No escatima -después de proclamar el pluralismo político como valor superior del ordenamiento español- términos descalificadores contra los independentistas y populistas, es decir, contra representantes de la soberanía popular que han venido respaldando la estabilidad y el programa legislativo y presupuestario con el que el Gobierno ha afrontado las consecuencias de una pandemia y las de una guerra devastadora en territorio europeo, a los que acusa de haber adquirido un inusitado protagonismo y de “condicionar sin rubor la gobernabilidad de la Nación. Y, desde luego,sinhacerlamenormenciónasussocios neofranquistas en los ámbitos autonómico y local. ¡Hasta ahí podríamos llegar!.

Por cierto: en la misma lógica que un exmagistrado del Tribunal Constitucional que lamentaba cómo Bildu ha logrado por los votos más influencia política que cuando ETA empuñaba las armas, el pluralismo político del que hablan debe estar condicionado a que la ciudadanía no se equivoque cuando vota. Y a que, si se equivoca, los representantes elegidos por equivocación dispongan de un estatuto parlamentario demediado que les impida apoyar las iniciativas del Gobierno legítimo, aunque el contenido de esas iniciativasprotejaelinterésdelamayoríayseaplenamente respetuoso con el marco constitucional. Pero que no les impida votar con el PP cuando se trata de boicotear la acción del Gobierno. Así que la enfática afirmación del ayatola Aznar, “mejor que ocupen un escaño aqueempuñenunarma”,vale si,ysolosi, dialogan con un Gobierno del PP. Porque ya se sabe que mientras el Gobierno esté en manos del PP, la Nación española está fuera de peligro.

La falta de respeto a la inteligencia de los españolesrebasatodosloslímitesdeloimaginable cuando exigen el restablecimiento del delito de sedición como antídoto infalible contra toda intentona secesionista. Da lo mismo que los acontecimientos del procés se produjeran cuando gobernaba el PP y en plena vigencia del delito de sedición; o que Puigdemontyotros“migrantes”(asílosdenominan) se les fugaran ante sus mismísimas narices.

Lodecalificaraespañacomo“elpaísdela UE con mayor riesgo de secesión” (¿ahora y nocuandogobernabaelpp?) esfrancamente insuperable. Como les da lo mismo que los jueces europeos se nieguen a extraditar al prófugo de Waterloo con el argumento de que no existe en la legislación penal de sus países una figura como la sedición (que data de 1822 en nuestro Código Penal) ni con penas de parecida entidad para hechos delictivos graves, como los del procés, pero diferentes de la rebelión.

Acusaciones contra el Gobierno como la de promover la “desconstitucionalización” del Estado, la de confundir poder y democracia, la de legislar “a golpe de decreto con insólita frecuencia” (sin hacer la menor referencia nialasprácticaspasadas delpropioppnia las extraordinarias circunstancias de esta legislatura) y la de aprobar no se sabe qué “reformas constitucionales”porlavíadeurgencia,rematan un texto en el que al secuestro del Consejo General del Poder Judicial perpetrado por el propio Partido Popular se le menciona como una mera y misteriosa “falta de renovación” y tachan de castigo las medidas legislativas adoptadasparaevitarqueunórganoconstitucional, ya desvinculado de la soberanía popular(yportantohuérfanodelalegitimidadconsagrada por el artículo 1,2 de la Constitución) porhaberseconsumidoelperíodoparaelque fueron elegidos sus miembros, siguiera ejerciendo en plenitud sus funciones constitucionales violentando los más elementales principios jurídicos comúnmente aceptados por los países civilizados. Entre otras, la de designar a más de 70 miembros de los órganos judiciales más importantes del país.

Que a estas alturas el PP solemnice “el valor de la palabra dada” y se comprometa a dar un “impulso regenerador, liberal y reformista” sería una simple broma macabra si no estuviéramos hablando de asuntos muy serios.

LAS PROPUESTAS

Además de un montón de generalidades vacías, sobre la agilidad de la Administración, o su críptica reconversión en “correa de trasmisión de las iniciativas empresariales”, la no utilización partidista de viajes institucionales en tiempo electoral, el registro del uso del Airbus A310, del Falcon 900 y del helicóptero Super Puma…vuelven al raca raca de la estabilidad presupuestaria, que ya sabemos lo que significa cuando la derecha gobierna, como si la gestión económica del actual Gobierno y el escudo social construido frente a tantas turbulencias no estuviera resultando exitosa y ampliamente reconocida internacionalmente. O invocan con un descaro inimitable la necesidad de recuperar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos, así como la de respetar el trabajo de sus profesionales.

Porque lo de terminar con las enmiendas “intrusas” en la tramitación legislativa o lo de que “cada euro de cada presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino” dicho así, sin pestañear, por un PP que aprobó con su mayoría absoluta durante la X Legislatura “casi una veintena” (voto particular de María Luisa Balaguer) de iniciativas legislativas en las que se incrustaron enmiendas intrusas, o cuyos ordenadores fueron destruidos a martillazos para impedir la investigación judicial sobre corrupción…es de traca.

Cuandoanuncian“reformas”paragarantizarquegobiernelalistamásvotada,después de una legislatura completa del PP y los altavoces de la derecha intentando cotidianamente deslegitimar al presidente investido por el Congreso y líder del partido que ganó las elecciones….no dejo de pensar ¿de verdad que está pasando esto?

Por lo demás, lo que proponen para las entidades locales es sencillamente inviable mientras su estructura institucional consista en un Pleno representativo de la ciudadanía de cuya mayoría depende la estabilidad del gobierno local y la aprobación de presupuestos, ordenanzas y normas de planeamiento. Porquelaoposiciónnosolocontrola,sinoque puede exigir la responsabilidad política del alcalde y, sobre todo, interviene en plenitud en la funciones normativa y presupuestaria en que se materializa la autonomía local.

En relación al Senado, el PP se retrotrae, entreunmontóndevaguedades,auntiempo anterior al de la Legislatura (1996-2000) en la que la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado, en la que fui portavoz socialista, alcanzó un alto nivel de definición que no se pudo formalizar en un acuerdo entre los dos grandes partidos precisamente por la falta de apoyo de un PP recién llegado al Gobierno, cuyo presidente necesitaba hablar catalán en la intimidad, y cuya estructura orgánica, sustentada entonces en los barones provinciales, resultó completamente refractaria a un fortalecimiento del Senado que inevitablemente gravitaría sobre las estructuras institucionales y partidistas de las Comunidades Autónomas. Y, digámoslo con claridad, porque aquel PP no podía maldisponerse con formaciones nacionalistas que tienen alergia los foros multilaterales en los que las Comunidades Autónomas tratan en pié de igualdad entre ellas y con el Estado, porque ejercen mucha más influencia -también cuando gobierna el PP- a través de su representación en el Congreso y relacionándose bilateralmente con el Gobierno de turno. La propuesta del PP simplemente no aporta nada.

Sobre el secuestrado Consejo General del Poder Judicial, Feijóo y los suyos proponen, invocando nada menos que “el espíritu” de la Constitución (del que ellos son el excluyente colegio sacerdotal), y olvidándose de la letra y de la imprescindible interpretación sistemática de todo precepto constitucional, la vuelta a la democracia corporativa. De modo que todoslospoderesdelestadotengan sufundamento en la soberanía popular, menos el gobierno de los jueces. Por este camino, sin el menor recato, el PP pretende poner a buen recaudodelamayoríasociológicamenteconservadora del estamento judicial, al margen de los cambios en la orientación política del paísdecididoselectoralmenteporlaciudadanía, el gobierno del poder judicial en el que radican las principales garantías de los derechos y libertades constitucionales.

Nopuedodarcréditoasusinvocacionesa la independencia de las personas llamadas a ocupar la Fiscalía General del Estado, las magistraturas del Tribunal Constitucional y la titularidad de otros órganos estatales cuyas funciones deben desempeñarse desde la independencia.

No debe ser este país el mismo que el del motorista Enrique López, ni el del “independiente”carlosollero,nieldelegregioarnaldo, ni el de un largo etcétera… Ni, por cierto, el país cuyo Consejo General del Poder Judicial y cuya presidencia del Tribunal Supremo correspondió a un magistrado “reincidente” exdirectorgeneraldelministeriodejusticiade los Gobiernos del PP. Por eso que, tanto en la Proposición de Ley que registraron recientemente como en la flamante propuesta de “Regeneración” que hoy han publicitado, es completamente infantil que las “inelegibilidades” se detengan en haber desempeñado una Secretaría de Estado. ¿Y por qué no una Dirección General, que en muchos casos tienen una importancia política equiparable o mayor que la de algunas Secretarías de Estado?

criticó la gestión en Galicia de Feijóo, mientras que este le puso en evidencia con la ley del solo sí es sí.

El anuncio de Sánchez llega tras la reunión, hace escasas horas, de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes habrían cerrado los últimos flecos de un acuerdo del que se ha desligado la patronal CEOE.

Cabe recordar que los expertos que asesoran al Gobierno recomendaron elevar el SMI entre un 4,6% y un 8,2% para 2023, lo que situaría esta renta mínima en entre 1.046 y 1.082 euros al mes, frente a los 1.000 euros mensuales por catorce pagas actualmente en vigor.

Con todo, la subida planteada por el Ejecutivo hasta situar el

SMI en 1.080 euros en 2023 estaría en línea con lo ya previsto por Trabajo y se situaría por debajo de lo que reclamaban los sindicatos (1.082 euros-1.100 euros) y por encima de lo propuesto por patronal (1.040 euros).

OCDE

Durante su intervención ante la Cámara Alta, el presidente del Gobierno ha puesto en valor que España es el segundo país de la OCDE que más ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, elevándolo un 36% desde el inicio de mandato del actual Ejecutivo. “Es decir, de 735 euros cuando llegamos al Gobierno, a 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas”, ha enfatizado Sánchez.

Ahora, tras la subida que se aplicará este 2023, Sánchez ha destacado que el Ejecutivo cumple con un compromiso de legislatura

Europa Press

que es situar el SMI en el 60% del salario medio español, tal y como fija la Carta Social Europea. Pero Sánchez ha advertido de que el propósito del Gobierno no se limita solo a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios, sino que también las compañías generen más riqueza y que esa riqueza “no se quede en las alturas, en los de arriba”.

“Si los salarios de las clases medias y también de las clases trabajadoras no han subido todo lo que deberían a lo largo de esta década es también resultado de un modelo económico que se impuso entonces basado en competir en costes y en atraer empresas porque aquí pagábamos salarios más bajos respecto al resto de Europa”, denunció el presidente. En este punto, ha