El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citó ayer para declarar como investigados el próximo 15 de septiembre al expresidente del Parlament y, actualmente conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y a tres exmiembros de la Mesa de la Cámara (Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, de JxCat, y a Adriana Delgado, de ERC) por un delito de desobediencia al Constitucional. Esta causa parte de una querella de la Fiscalía contra los políticos independentistas por omitir las órdenes del Tribunal de Garantías al tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la Monarquía.

En concreto, según el Ministerio Público, el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional comunicó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en las que les notificaba personalmente «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria» que supusiera desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015.

Pese a ello, mantiene la querella, los imputados tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los grupos de JxCat, ERC y CUP en que el Parlament reiteraba, «tantas veces como lo quieran los diputados, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».

Para Torrent, esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una prueba de que hay un intento por «limitar la libertad de expresión» en el Parlament.