El culebrón judicial del rescate público a la aerolínea Plus Ultra vivió ayer un nuevo capítulo. En este caso, el Tribunal de Cuentas decidió archivar la denuncia presentada por Ciudadanos contra la decisión del Gobierno de ayudar con fondos públicos a la firma comercial, al entender que no ha habido menoscabo para el erario público pues el dinero se ha otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda. Hay que recordar que este asunto está también en manos de los juzgados ordinarios, donde la pasada semana se ordenó suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, hasta que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

El pasado 9 de marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI, de los que ya se han abonado 19 millones.

En el auto, el Tribunal de Cuentas indica que en esta actuación de Moncloa no hay «apariencia jurídica de responsabilidad contable», ni indicios «jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria». No cabe tampoco, añade el documento, hablar de negligencia.

De esta manera, el Tribunal hace suyos los argumentos de la abogacía del Estado, que sostiene que de la documentación que acompaña a la denuncia «no se deducen irregularidades».

Tras conocerse el archivo de la causa, Cs anunció que estudiará recurrir el fallo porque los naranjas están seguros de que la Justicia acabará demostrando el posible delito penal y la ilegalidad contable, ya que entiende que la ayuda se concedió a dedo porque la empresa ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, además de que en ningún caso «cumplía con los requisitos que establece el fondo de la SEPI para empresas estratégicas».

Por su parte, Plus Ultra considera «normal» el archivo de la denuncia y coincide con los magistrados en que no ha habido menoscabo para el erario público.