Túnez conmemoró el pasado mes de enero el décimo aniversario del triunfo de la revolución y la huida del dictador Zinedin el Abedin Ben Ali, en medio de un estricto confinamiento por la pandemia que evitó las tradicionales marchas populares e impidió las protestas por la aguda crisis económica y social que, ahora, han derivado en el desmantelamiento del Gobierno.

Diez años después de la gran manifestación que llevó al tirano a embarcarse en un avión rumbo a Arabia Saudí, las calles han vuelto en los últimos días a llenarse de proclamas contra la clase política.

Son muchos los grupos, como el colectivo de víctimas de la represión policial de aquel invierno de 2011, los que continúan reclamando que se haga justicia en un país que ha sabido avanzar en democracia, pero que sigue estancado en lo relativo a los derechos individuales y colectivos, como denuncia Amnistía Internacional.

Los diez años de transición tampoco parecen haber logrado acabar con el sistema económico clientelista de la época de Ben Ali, controlado por un puñado de familias asociadas al poder, ni con los graves problemas sociales que desencadenaron la protesta, como el paro juvenil -aún elevado y estructural- o la corrupción, todavía endémica.

Lastrados por el hundimiento del turismo y la crispación política, los 10 gobiernos que se han sucedido durante la última década tampoco han conseguido eliminar los obstáculos a la inversión, el déficit ahora desbordado, la ineficacia impositiva, el tamaño mastodóntico del sector público, que consume la mayoría de los recursos del Estado, y la deuda exterior, que se ha disparado al 90 por ciento del PIB.