El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, se sentará en el banquillo de los acusados mañana y constituirá la primera vez que la justicia del pequeño Estado encausa a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.

Becciu, cesado el pasado mes de septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos, continúa viviendo en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dentro de la Santa Sede.

Los jueces lo procesarán, junto a otras nueve personas, por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres que, según las investigaciones, dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas.

La Santa Sede, no obstante, libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado, insistiendo en que ni monseñor Perlasca, firmante del contrato de compraventa de acciones, ni sus superiores, el sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, «hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones», según las investigaciones.

La primera vista oral está prevista para mañana, y en ella se dirimirán cuestiones técnicas del procedimiento. Será más adelante cuando se entre en el mérito de las acusaciones. Al cardenal Becciu se le imputan los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno.

EL ORIGEN. La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas, respectivamente, por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019. Esta última querella, en particular, alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje.

El auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en Credit Suisse (77%) y que una parte sustancial de los depósitos procedentes principalmente de donaciones recibidas por el Papa «se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento», así como en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países off shore.

En su solicitud de apertura del juicio, los magistrados observan «cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia, que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos, para realizar operaciones de altísimo riesgo y, en todo caso, con fines incompatibles con los de los donantes originales», es decir, con el «objetivo de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre».