La detención y puesta a disposición judicial de nueve personas a las que se vincula con la brutal paliza a Alex, un chico de 23 años, en una zona de ocio en Amorebieta hace una semana ofrece una mínima respuesta al dolor y la incredulidad de la familia y amigos de la víctima, ejemplificados en el desvalimiento de unos padres que han visto sus vidas y la de su hijo destrozadas en un instante. El hecho de que la agresión en manada fuera grabada y difundida en redes sociales ha favorecido la rapidez en la actuación de la Ertzaintza y las policías locales; así como la circunstancia de que los protagonistas, según la investigación todavía abierta, pertenecen a un grupo con numerosos antecedentes por robos, ataques y comportamientos violentos. El gravísimo suceso ha reavivado el músculo compasivo y solidario de la sociedad vasca, plasmado en concentraciones con destacable presencia de jóvenes. Y ha estimulado un saludable debate sobre los crecientes episodios de violencia que sacuden las noches de ocio de este verano en pueblos y ciudades de Euskadi, en medio de la vigente emergencia sanitaria, las particulares características de la quinta ola de la pandemia y la dificultad de asegurar el cumplimiento de normativas y llamamientos para prevenir la extensión descontrolada de los contagios en tanto no sea posible completar la estrategia de vacunación.

Más allá de rivalizar en los adjetivos para calificar la paliza de Amorebieta, las instituciones exhiben una preocupante reticencia a la hora de explicar a los ciudadanos el verdadero alcance de la presencia en nuestras calles de grupos en apariencia marginales pero con potencial perturbador y criminal. No resulta fácil de entender tampoco que la información recogida en el trabajo a pie de calle y posteriores investigaciones sobre conductas antisociales que implican a menores no esté alimentando la labor de una unidad especializada, como demandan desde hace años sindicatos policiales, fiscales y jueces. Sobre todo por las posibilidades de reinserción que ofrecería un tratamiento individualizado y especializado de los casos. Del mismo modo, desalienta que agentes autonómicos y locales se vean a menudo incapaces de evitar aglomeraciones o focos de botellón expresamente prohibidos, e incluso sufran ataques, por falta de medios o de un respaldo político que no debería escatimarse. Y es triste que la suerte de Alex pueda actuar ahora como dramática pedagogía de las exigencias que todavía impone la pandemia.