juzgarían diferente la longitud de la sombra del campanario. En esta época en que muchos predican y defienden a capa y espada certidumbres políticas, económicas o culturales, que supuestamente jamás podrían ser de otra manera, las ideas de Einstein –bien más listo, seguramente, que muchos de esos acérrimos– sobre la abrumadora relatividad del universo deberían hacernos un poquito más humildes.

Ahora, con la próxima aprobación de la nueva ley audiovisual se le presenta, a mi entender, al Gobierno de Pedro Sánchez una magnífica ocasión para demostrar que sus promesas de proteger las lenguas cooficiales españolas son ciertas, haciendo posible que en dicha ley se incluyan cuotas que permitan la producción y la exhibición, en las distintas plataformas digitales, de obras tanto en castellano como en las demás lenguas cooficiales. Con relación a ello, hace unos días, y ante el requerimiento de los partidos catalanes instando al Gobierno a establecer por ley dichas medidas protectoras, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, respondió que su Gobierno cree en la protección del catalán, del gallego y del vasco, pero que, ante todo, debe proteger también el castellano, porque es la lengua que «nos une a todos». Yo, como ciudadano catalán, con el catalán como lengua materna, desearía decirle a la señora ministra que, para mí, aquello que realmente me une a todos los demás ciudadanos españoles es el respeto que los distintos gobiernos e instituciones españolas puedan mostrar por mi lengua, así como por todas las demás lenguas cooficiales. Dicho de manera clara y precisa: cuanto más respeten y protejan mi lengua propia, más integrado me sentiré dentro de este gran país –«una nación de naciones», a mi modo de ver– llamado España.