El pasado mes de junio, el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Cantabria suscribimos la creación de la Alianza por la Industria Electrointensiva de Cantabria, una iniciativa coordinada desde el Gobierno de Cantabria junto a diferentes entidades sociales, políticas y económicas vinculadas a nuestra Industria regional.

Uno de los objetivos principales de esta alianza es denunciar la situación desventajosa en la que deja a nuestra Industria regional el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, aprobado mediante Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre.

Y es que, en la actual redacción del estatuto falta un marco normativo que equipare el coste de la factura de nuestra industria electrointensiva con la de sus competidoras europeas ya que, este año, el precio eléctrico final para este tipo de industria será de 77 euros el megavatio hora (MWh), más del doble que en Francia.

Esto supone que las empresas españolas del sector pagarán por la luz 1.000 millones de euros más que sus competidoras, una diferencia de 30€ por MWh, que las coloca en una situación de clara desventaja en un mercado compartido.

Una posición de partida desfavorable que, además, se junta con la ‘extraña’ situación actual en la que los precios de la energía, tanto para los consumidores como para empresas, están disparados respecto a los del año 2020, alcanzando máximos históricos en el mercado libre. Como ejemplo, los dos primeros fines de semana de este mes de julio se han alcanzado precios hasta 4 veces superiores a los del año pasado. Y la tendencia indica que seguirán al alza el resto del año.

Pérdida de competitividad

Por si fuera poco, estas empresas intensivistas tienen, además, que adaptarse a la regulación europea en cuanto a emisiones de CO2 en sus procesos productivos durante esta década, para lo que necesitan realizar inversiones millonarias si quieren subsistir y reducir la huella de carbono de su producción a los niveles contemplados en el Pacto Verde Europeo.

Y las ayudas previstas para la descarbonización por parte del Gobierno central no son en absoluto suficientes: los 79 millones presupuestados por nuestro Ejecutivo resultan irrisorios frente a los 350 millones de Francia o los 878 millones Alemania, máxime cuando (repetimos) partimos de una situación de desventaja.

Las empresas que forman parte de AEGE (Asociación Empresarial de Grandes Consumidores de Energía), consumen el 10% de la energía eléctrica de España, por lo que tenemos que ser conscientes de la magnitud del problema.

Agrupando a los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico y gases industriales, estas compañías desarrollan una facturación anual de unos 20.000 millones de euros y generan 186.000 empleos, de los que 66.000 corresponden a empleo directo, con 74 fábricas en territorio español.

En Cantabria se ubican 4 importantes plantas industriales, que dan empleo directo a, aproximadamente, unas 2.000 personas y cuya facturación ronda los 2.000 millones de euros.

Propuestas de futuro

Como instituciones que apoyamos la industria regional e interesadas en su promoción y protección, consideramos que la actual situación es, cuanto menos, preocupante. Urge concretar soluciones para garantizar que la necesaria transición ecológica sea compatible con la supervivencia y competitividad de nuestra industria.

Más allá de los esfuerzos del Gobierno regional para gestionar esta desfavorable coyuntura con el Gobierno nacional y para modificar el actual estatuto, consideramos que es posible y necesario ajustar los costes energéticos de las grandes empresas industriales para hacerlos rentables y competitivos en el mercado europeo, garantizando con ello la estabilidad económica del sector y, por lo tanto, también del empleo que generan, directa e indirectamente.

En el pasado, las formas para reducir la factura eléctrica pasaban por este tipo de ayudas compensatorias por emisiones indirectas de CO2, por contratos de interrumpibilidad o por la reducción del impuesto de peaje del suministro. Sin embargo, ninguna de ellas aparece contemplada en la redacción actual del estatuto electrointensivo.

También es necesario incrementar las partidas de los fondos Next Generation de la UE, (canalizadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) previstas para proyectos de descarbonización industrial, de los 79 a los 220 millones, tal y como ha solicitado recientemente la AEGE a la ministra de Industria, Comercio y Turismo como parte de la transición ecológica.

En Cantabria hay cuatro importantes plantas industriales que emplean a unas 2.000 personas