La nueva etapa del combate contra la pandemia de coronavirus se puede abordar sin recurrir a la excepcionalidad que supone el estado de alarma, según sigue defendiendo el Gobierno. Sin embargo, está dispuesto a emprender modificaciones legales si el Tribunal Supremo acaba vetando las peticiones que le hagan llegar las comunidades autónomas para aplicar restricciones en sus respectivos territorios. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene en un artículo que firma hoy en EL PAÍS que si de las resoluciones del Supremo “se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”. Campo recuerda también que el Gobierno apoyará las peticiones de los presidentes que soliciten la declaración del estado de alarma en sus autonomías.

El Gobierno aprobó la semana pasada un decreto ley para que el Supremo pueda unificar la doctrina en torno a los litigios que surjan en cada comunidad. Canarias inaugurará esta vía, ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de esta comunidad rechazó ayer que el Gobierno del archipiélago mantenga el toque de queda como había solicitado.

El Gobierno cree que lo peor de la pandemia ha pasado y la excepcionalidad del estado de alarma ya no es imprescindible. Aunque entiende que hay suficientes instrumentos jurídicos para mantener las medidas restrictivas, algunas de las cuales afectan a derechos fundamentales, el Ejecutivo sostiene que acometerá los cambios legales necesarios si el Supremo veta los decretos de algunas autonomías para mantener el toque de queda o los confinamientos. A la vez, recuerda que los presidentes autonómicos pueden pedir al Gobierno que apruebe decretos de alarma solo para sus territorios.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene en el artículo que firma hoy en EL PAÍS bajo esta información que los avances de la vacunación y la fase en que se encuentra la pandemia en España han hecho posible el fin del estado de alarma, lo que considera una buena noticia. Tras sufrir tres olas de la pandemia que han causado más de 78.000 fallecidos, según el Ministerio de Sanidad, y un leve repunte en marzo que está remitiendo en los últimos días, España todavía registra una media de 600 muertos cada semana por la covid.

Las UCIS de varias comunidades autónomas (Madrid, País Vasco y Cataluña principalmente) siguen con una ocupación excesiva por enfermos de covid, mientras que los índices de contagio en estos territorios superan o bordean el riesgo extremo.

El ritmo de vacunación se aceleró en abril pasado, lo que permite avanzar que la población más vulnerable, la que tiene más de 60 años y en la que se concentra el 95% de la mortalidad, estará inmunizada o habrá recibido al menos una dosis antes de que acabe mayo. Cuando se alcance esta situación,

la presión en los hospitales disminuirá, según todos los expertos.

“El Gobierno entiende”, señala el ministro Campo, “que el marco jurídico es adecuado para combatir la pandemia en la fase en la que estamos”. “Es un marco flexible y garantista, que permite a las autoridades sanitarias adaptar las decisiones y medidas necesarias a cada situación territorial. Y tienen que ser los jueces quienes realicen el juicio de proporcionalidad si hay que tomar medidas restrictivas de derechos”, añade.

Los primeros resultados de

esa situación vaticinan un problema jurídico mayor, dado que mientras el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha vetado las restricciones que quería imponer el Gobierno de Iñigo Urkullu en un territorio que sufre uno de los peores índices de contagios de toda España, los jueces de Baleares y de la Comunidad Valenciana han avalado medidas restrictivas similares.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó ayer mismo ratificar “la limitación de entrada y salida de personas” y también se negó a autorizar la restricción a la libertad de circulación de los ciudadanos en horario nocturno. La decisión del tribunal canario, formado por cinco magistrados, contó con dos votos particulares discrepantes, lo que vuelve a demostrar las enormes diferencias de criterio que surgen entre los jueces y fiscales de los distintos territorios a la hora de resolver si las principales medidas de restricción de derechos fundamentales se pueden o no aprobar sin estado de alarma.

El Gobierno aprobó la semana pasada un decreto ley para que el Supremo pueda unificar la doctrina en torno a estos litigios en un tiempo breve. Para ello, o la Fiscalía o los gobiernos autonómicos tendrán que recurrir en casación las resoluciones de los distintos tribunales superiores. El ministro de Justicia anuncia que si de las resoluciones del Supremo “se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”. Campo recuerda también que “los gobiernos autonómicos siempre tienen la posibilidad de solicitar la declaración para su territorio, con el alcance que consideren, del estado de alarma”. El Ejecutivo se ha comprometido a apoyar esta posibilidad.