Durante años, la Europa social fue el patito feo de todas las Europas. Porque los gobiernos nacionales se resistían a ceder sus competencias en esta materia a la Unión. Porque el éxtasis neoliberal la relegaba a asignatura maría, un mero corolario del crecimiento económico. Y porque Londres bloqueaba cualquier avance laboral común.

Así que lo social en la UE sigue siendo en buena parte una amalgama de 27 realidades sociales nacionales. Tampoco es para despreciarlas. El reciente plan de familias de Joe Biden es contundente en cifras: 1,8 billones de dólares (a diez años). Pero solo busca acercarse a estándares europeos: prevé la baja (pagada) por maternidad de tres meses; en España ya son cuatro.

Persiste la asimetría entre la densidad de las políticas económicas comunes y la delgadez de las sociales. Justo cuando en 2016 Londres empezó a desengancharse, la UE pudo ponerse a corregir esa disfunción. La cumbre de Gotemburgo solemnizó en 2017 el “pilar social” de la UE, desarrollado en 20 principios. Y no sin encontronazos, empezaron a gotear las directivas: sobre la situación de los trabajadores desplazados (para que gozaran de los beneficios de los países receptores y no de los maleficios de origen), sobre la conveniencia de establecer en todas partes el salario mínimo (a un nivel “decente”)...

La cumbre de Oporto ha dado un paso más en esa dirección. No es de gigante. Es un paso, que es como en tantos ámbitos de competencia meramente nacional se avanza en este continente: por acumulación, lo que al cabo crea una masa susceptible de seguir la ley de la gravedad, y se incorpora a la agenda obligatoria. Ha concretado los principios de Gotemburgo en una serie de indicadores —17 principales y otros muchos secundarios—, aún sin cuantificarlos, como proponía con tino España.

Hay pues un cuadro de mando, por completar. Y tres objetivos cifrados para 2030 (78% de tasa de empleo; 60% de adultos en actividades de formación; 15 millones menos de pesonas en riesgo de exclusión), al modo de lo que se ha ido haciendo, más velozmente, en la agenda climática. La prueba de que lo decidido en Oporto tiene un valor es la resistencia reaccionaria de Hungría y Polonia. Nuestros escandinavos deberían darles un cursillo sobre cómo el mejor crecimiento, más rotundo y sostenible, es el que incorpora mayores cotas de igualdad, social, de género y generacional. Que incluso los grandes fines económicos se alcanzan mejor también aumentando el bienestar social.