Solo un país latinoamericano se ha lanzado por ahora al ruedo de los impuestos de solidaridad sobre las grandes fortunas para hacerles pagar una parte sustancial de la carga fiscal que ha traído consigo la crisis: Argentina. En diciembre pasado, con carácter supuestamente extraordinario y sin previsión de continuidad en próximos ejercicios, el Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha por ley un impuesto para unas 12.000 personas que declararon un patrimonio superior a dos millones de dólares. Lo recaudado, unos 3.000 millones de dólares (2.460 millones de euros), se debe emplear íntegramente en combatir la pandemia. “Es un movimiento muy interesante y hay muchos países de la región observando esa experiencia para ver qué tal resulta. Si hay un momento en el que hay una justificación clara para hacerlo es este”, apunta Néstor Castañeda, profesor del University College de Londres. Con todo, la adhesión de las fortunas argentinas al impuesto no fue de buen grado: 220 contribuyentes no cumplieron con la ley y llevaron a la justicia un gravamen que, dicen, es confiscatorio y una amenaza a la propiedad privada. / E. GONZÁLEZ / I. FARIZA