El caso Villarejo ha revolucionado el Ibex-35, las prácticas policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero sobre todo la percepción que se tenía de la conducta del rey emérito. Hace justo tres años se conoció la grabación que el expolicía había hecho en 2015 de su encuentro con Corinna Larsen, examante del emérito. Desde entonces, la fiscalía tiene diligencias abiertas para determinar si aprecia o no indicios de delito contra Juan Carlos I. Para llegar a una conclusión sigue desmenuzando las regularizaciones por cinco millones de euros que ha presentado, para lo que resulta crucial la documentación remitida desde Suiza.

Las palabras de Corinna sobre el supuesto cobro de 65 millones de euros en comisiones de la monarquía saudí por la construcción del AVE a La Meca y el presunto uso de testaferros abrió la caja de pandora y supuso la apertura de las primeras diligencias de investigación fiscales para determinar si debía actuar penalmente contra Juan Carlos. El caso pasó de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo –por entenderse equivalente a la Sala Segunda del alto tribunal, ante la que tiene fuero el emérito– y prácticamente se dio por hecho el archivo, por producirse el pago mientras era jefe de Estado y, como tal, tener inviolabilidad.

Sin embargo, el ministerio público renunció a esa posibilidad, que habría supuesto que Anticorrupción se limitara a investigar a los empresarios que pagaron comisiones por corrupción en los negocios, cuando a esas diligencias de investigación se sumaron otras dos y se entendió más conveniente realizar un pronunciamiento único sobre todas ellas.

Para llegar a una conclusión hay que estudiar con detenimiento las dos regularizaciones presentadas por el emérito y que han supuesto que el fisco español ingrese cinco millones de euros, algo «inimaginable» sin la apertura de las diligencias fiscales, como resaltó la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, en la comisión de justicia del Congreso.

La primera, por 678.393 euros, resultó algo mucho más asequible que la segunda, que ascendió a 4.395.901 euros. La primera se refiere a los gastos realizados por personas muy cercanas a Juan Carlos, como sus nietos (aunque no la Princesa de Asturias ni su hermana) con tarjetas a nombre de su exayuda de cámara Nicolás Murga con dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. La segunda obedece a los pagos y servicios que le prestó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, que habría gastado ocho millones de euros solo en proporcionarle vuelos. Esa fundación aparecía junto a la de Lucum, en el comunicado en el que rey Felipe IV renunció a su herencia.

Para neutralizar un delito con una regularización fiscal, tiene que ser veraz, completa y espontánea, requisito que con la relevancia del protagonista de las diligencias fiscales se presentaba imposible de cumplir en la práctica. Aun así, todavía debe comprobarse si son veraces y completas para que quede neutralizado cualquier delito fiscal o de blanqueo, que obligaría a presentar una querella.

Precisamente, la tercera de las diligencias, por la existencia de un fondo en el paraíso fiscal de Jersey, surgió de la advertencia de la autoridad supervisora en materia de blanqueo Sepblac. Para determinar

El análisis de los cinco millones entregados por el rey se completa con los documentos de otros países

Los fiscales preparan una sola respuesta a las tres diligencias abiertas, lo que retrasa el dictamen

El fiscal Bertossa ha enviado al TS datos sobre Zagatka y se ha citado con sus colegas Campos y Luzón

si con el dinero aflorado se compensaría el delito cometido, la fiscalía ha cursado comisiones rogatorias y ha procedido a interrogar a los implicados, como Murga o Álvaro de Orleans, que declaró desde Mónaco ante los fiscales españoles por videoconferencia en relación con los vuelos que pagó a Juan Carlos y Corinna.

También ha habido comisiones a México y Londres, en relación con el dinero de Sanginés-Krause con el que se nutrían las tarjetas, y por supuesto, Suiza, país en el que el fiscal Yves Bertossa tiene abiertas diligencias por el pago de 65 millones de euros en comisiones y con el que últimamente se ha incrementado la colaboración.

Pesquisas clave

Bertossa, que remitió en junio al Tribunal Supremo (TS) datos de Zagatka, se entrevistó en persona a primeros de mes con el teniente fiscal del alto tribunal, Juan Ignacio Campos, y el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Las diligencias suizas, que no se dirigen contra Juan Carlos, pueden ser muy relevantes para el futuro de las españolas, porque en ellas se investiga al gestor de la cuenta suiza en la que se ingresaron los 65 millones saudís, Arturo Fasana; al abogado Dante Canonica, director de la fundación Lucum, y a Larsen, que acabó recibiendo el dinero.

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